Del desbordamiento de la violencia insurreccional al cauce electoral

Caracas, 10 Ago. AVN.- Tras cuatro meses de vandalismo, actuación de escuadras de choque y focos de violencia política impulsados por la Mesa de la Unidad (MUD), como parte de un plan sedicioso contra la República, los dirigentes y partidos de la coalición anunciaron su decisión de participar en los comicios regionales del próximo 10 de diciembre, regidos por el Poder Electoral de la nación, al cual llamaban a desconocer en días anteriores.

La decisión provocó rechazo entre sus simpatizantes —incluidas figuras públicas usadas para llamar la atención de la comunidad internacional— que acusan a la dirigencia de la MUD de haber 'pactado' o 'negociado' la realización de elecciones, una de las exigencias que supuestamente sustentaba la agenda de calle.



Sin embargo, estos comicios fueron anunciados el año pasado. En mayo de 2017, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó la fecha definitiva para efectuar la votación y, en lugar de cesar los ataques, la respuesta de la coalición fue descartar su participación en esos comicios.

Desde el comienzo del plan sedicioso, que contó con el financiamiento de grupos delictivos y dejó el saldo de 150 fallecidos en circunstancias relacionadas con la violencia política, los partidos y voceros de la oposición justificaban esta vía inconstitucional y prometían derrocar al gobierno nacional "cueste lo que cueste".

Sin embargo, el nivel de asistencia a las convocatorias de calle, que en abril y mayo era de cientos de miles de personas, mermó progresivamente en la misma proporción que la violencia callejera se intensificaba, y entraron en escena, de forma pública y comunicacional, grupos de choque adiestrados, equipados y financiados para enfrentarse con las unidades de orden público de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).



Estos grupos llegaron a tomar las calles de los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, del este de Caracas, donde cobraban peaje y robaban a los habitantes de estas zonas, cometieron crímenes de odio y asesinatos. Uno de los casos más alarmantes fue el de Orlando Figuera, joven linchado, varias veces herido con arma blanca y posteriormente quemado vivo el pasado 20 de mayo por 'parecer' chavista, en la urbanización Altamira. Murió dos semanas luego.

Mientras promovían la violencia, dirigentes opositores se negaron a participar en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) e hicieron de la fecha de elecciones de los miembros de esa instancia, el 30 de julio, un punto culminante para derrocar al gobierno constitucional del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Luego de esos comicios, que contaron con medidas de contingencia para proteger a los electores, los llamados a marchas y trancazos se redujeron a focos en el este de la capital. Mientras ocurría esta merma en la capacidad de movilización, la MUD finalmente decidió acudir a las elecciones del 10 de diciembre, dividida sobre la efectividad de la violencia sediciosa estimulada.

Figuras como Henri Ramos o Gerardo Blyde reconocen la ineficacia de esa estrategia, atribuida a sectores "ultrosos", pero otros agentes como Freddy Guevara insisten en revivir una agenda que hoy divide a la coalición opositora.