Caracas, 11 Nov. AVN.- La primera sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó este lunes el juicio contra el llamado núcleo tres, un grupo vinculado a la presunta tentativa de golpe de Estado tras las elecciones generales de 2022, de acuerdo a lo señalado por parte de Prensa Latina.
Este grupo está compuesto por un funcionario de la Policía Federal y nueve soldados de élite del Ejército, conocidos como los “Kids pretos”. De acuerdo con las investigaciones, los acusados habrían diseñado un plan táctico que incluía un supuesto complot para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes.
El operativo, denominado “Daga Verde y Amarilla”, contemplaba maniobras militares y la creación de una Oficina de Gestión de Crisis Institucional. La Fiscalía General de la República solicitó la condena de nueve de los diez implicados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daños agravados mediante violencia y amenazas graves contra bienes federales, así como deterioro de patrimonio protegido.
Ronald Ferreira de Araújo Júnior fue el único excluido de la solicitud de condena. De acuerdo con la Policía Federal, habría colaborado en la redacción de un documento para decretar el golpe junto al expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, el Ministerio Público Federal indicó que no existen elementos adicionales que lo vinculen directamente con el resto del grupo.
Durante la primera sesión, el ministro Alexandre de Moraes presentó su informe. Posteriormente, la Fiscalía y las defensas expusieron sus alegatos orales. La corte programó una segunda audiencia para el 18 de noviembre.
Además de De Moraes, participan en el proceso los ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin. El juez Luiz Fux no estará presente, tras solicitar su traslado a la segunda sala luego de la jubilación de Luís Roberto Barroso. Hasta la fecha, el presidente Lula no ha designado al reemplazo de Barroso.
Según la Fiscalía, los acusados utilizaron el aparato de fuerza del Estado y sus conocimientos técnicos para presionar al alto mando del Ejército, poniendo en riesgo la estabilidad institucional. Las autoridades públicas fueron blanco de actos violentos y las fuerzas terrestres quedaron expuestas a fines criminales.FIN/AVN/ GG/ PI/ PI/
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