Caracas, 15 Jul. AVN.- La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil ha dado un paso trascendental en el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete implicados, al solicitar formalmente al Supremo Tribunal Federal (STF) su condena por tentativa de golpe de Estado.
Esta petición, enviada al ministro Alexandre de Moraes, constituye la fase final de alegaciones antes del juicio, que se prevé para septiembre próximo.
El documento de 517 páginas, firmado por el fiscal general Paulo Gonet, detalla una serie de graves acusaciones contra Bolsonaro y los demás involucrados. Se les imputan delitos como organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por la violencia y grave amenaza, así como el deterioro de patrimonio catalogado. Las penas máximas para estos cargos podrían superar los 30 años de prisión, lo que subraya la seriedad de las imputaciones.
La acusación se centra en la presunta operación orquestada para revertir el resultado de las elecciones de 2022, en las que Bolsonaro fue derrotado en la segunda vuelta por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La PGR sostiene que esta trama buscaba subvertir el orden democrático y desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
Entre los otros siete acusados que también enfrentan la solicitud de condena se encuentran figuras prominentes del gobierno anterior. Destacan el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y compañero de fórmula de Bolsonaro; Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional; y Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia.
Asimismo, la lista de acusados se extiende a Anderson Torres, exministro de Justicia; Almir Garnier, excomandante de la Marina; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro. La inclusión de altos funcionarios y militares resalta la magnitud de la supuesta conspiración.
En la solicitud, el fiscal Gonet delineó el rol central del expresidente en la trama, describiéndolo como el líder de la organización, así como el "principal articulador y mayor beneficiario" de las acciones golpistas. Según la PGR, el exmandatario habría instrumentalizado el aparato estatal y operado bajo un "esquema persistente" de ataque a las instituciones públicas y al proceso electoral tras conocerse los resultados de los comicios presidenciales.
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