Caracas, 01 May. AVN.- Un reportaje publicado por The New York Times este miércoles revela que la administración estadounidense acordó pagar inicialmente 5 millones de dólares para el secuestro de migrantes venezolanos deportados a El Salvador, cifra que podría aumentar hasta 15 millones, lo que motivó a calificarlos arbitrariamente como miembros del "Tren de Aragua" sin tener antecedentes penales.
Señala el reportaje titulado "Así se armó el plan de Trump para deportar a venezolanos de EE. UU. a El Salvador", que asesores de Donald Trump vieron en Nayib Bukele, presidente de El Salvador, un socio dispuesto a colaborar en las deportaciones y este ofreció sus prisiones bajo ciertas condiciones, como el pago para subvencionar el sistema penitenciario y que todos los deportados fueran calificados como criminales para evitar críticas.
The New York Times recopiló información detallada sobre el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador y las deportaciones del 15 de marzo, a partir de documentos y entrevistas con 22 personas involucradas, muchas de las cuales pidieron anonimato, quienes revelaron que asesores de Trump trabajaron desde hace meses en un sistema para deportar rápidamente a migrantes a Latinoamérica, con poca supervisión judicial, utilizando una ley del siglo XVIII y calificando a los migrantes como ciudadanos de un país en guerra con EEUU.
El 14 de marzo, la administración de Trump envió notas diplomáticas a El Salvador donde se especificaban las condiciones: el gobierno de Bukele aceptaría hasta 300 integrantes del "Tren de Aragua" a cambio de asistencia financiera por parte de Estados Unidos. Ese día, Trump insinuó deportaciones inminentes durante un discurso, mencionando que habían capturado a una gran cantidad de supuestos integrantes de la mencionada organización criminal.
Las condiciones fijadas por Bukele propiciaron las afirmaciones de Trump, quien sin pruebas, acusó a los migrantes venezolanos de pandilleros y psicópatas, vinculándolos al grupo delincuencial para reforzar la percepción de amenaza y justificar el uso de medidas extremas, como la aplicación excepcional de la Ley de Enemigos Extranjeros, viendo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador un símbolo intimidante para la migración.
La estrategia fue diseñada por Stephen Miller, jefe adjunto de la Casa Blanca, quien tenía el plan listo un mes antes de la toma de posesión de Trump, basado en esta ley de 1798, empleada en tiempos de guerra y que iba a ser usada como una herramienta para deportar rápidamente a migrantes sin el debido proceso.
Semanas antes, las agencias de inteligencia de EEUU habían determinado que el "Tren de Aragua" no estaba efectivamente bajo el control del gobierno venezolano, lo que era fundamental para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, sin embargo, igualmente dieron curso al plan.
Para asegurar que los venezolanos deportados eran miembros del "Tren de Aragua", aunque no tenían antecedentes penales, el gobierno de EEUU a través del Departamento de Seguridad Nacional implementó un sistema de puntuación basado en tatuajes y otros criterios que justificaran su filiación.
En el Capitolio, los congresistas demócratas buscaron obtener más información sobre el monto que se está pagando a El Salvador por mantener a los deportados en prisión, cifra que, según fuentes gubernamentales, llegó a ser inferior a 5 millones de dólares.
El 17 de marzo, el Departamento de Estado informó a la Comisión de Asignaciones del Senado que esa cantidad podría incrementar hasta 15 millones de dólares, aunque se negó a ofrecer más detalles, dice el reportaje.
El Salvador, país receptor de los deportados, expresó dudas sobre la clasificación utilizada, lo que llevó a ajustes en los criterios de selección. En medio de la revisión del proceso, se detectó el envío erróneo de ocho mujeres a una prisión exclusivamente masculina, quienes fueron rápidamente devueltas.
La Corte Suprema dictaminó que los deportados tienen derecho a impugnar sus expulsiones, lo que podría marcar un precedente en futuras políticas migratorias. Familiares y abogados de los venezolanos encarcelados buscan información sobre ellos y los tribunales son su último recurso.
El reportaje de investigación fue realizado por los periodistas Zolan Kanno-Youngs, Hamed Aleaziz, Alan Feuer, Devlin Barrett, Jonathan Swan, Julie Turkewitz, Maggie Haberman, Annie Correal, Natalie Kitroeff, Jazmine Ulloa, William K. Rashbaum, Robert Jimison, Maria Abi-Habib e Isayen Herrera, quienes recabaron datos en Washington, Bogotá y Ciudad de México.
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