Caracas, 22 Oct. AVN.- El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este lunes al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la sentencia emitida en primera instancia el pasado 1 de agosto, en la que había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria. Con esta decisión, la corte anuló la responsabilidad penal del exmandatario y dejó sin efecto cualquier medida restrictiva dictada anteriormente.
El fallo fue presentado por el magistrado Manuel Merchán, quien durante casi cinco horas leyó los fundamentos de la resolución judicial. La nueva sentencia contradijo completamente el criterio de la jueza Sandra Heredia, responsable del veredicto condenatorio de julio, según reportó la agencia Prensa Latina.
Uno de los puntos claves que anticiparon un resultado favorable para Uribe fue la exclusión de las interceptaciones telefónicas realizadas durante la investigación, al determinarse que estas vulneraron su derecho a la intimidad. Según el tribunal, dichas escuchas se ordenaron con base en “información aparente, sin motivos fundados”, lo cual calificó como una “negligencia grave”.
El tribunal también anuló los cargos de soborno en actuación penal, vinculados con los testimonios de Carlos Vélez, Eurídice Cortés (alias Diana) y Juan Guillermo Monsalve, este último considerado el testigo principal. Los magistrados calificaron el análisis previo de la jueza Heredia como “deficiente” y “metodológicamente incorrecto”, y concluyeron que no existían pruebas suficientes para afirmar que Uribe ofreció beneficios materiales o jurídicos a cambio de modificar declaraciones sobre presuntos nexos con grupos paramilitares.
En su lectura, Merchán también descartó los dos cargos de fraude procesal incluidos en la condena inicial, al considerar que los testigos, como Juan Carlos “El Tuso” Sierra, pudieron haber distorsionado sus versiones para obtener ventajas legales. El tribunal sostuvo que no había evidencia que demostrara que los abogados del expresidente hubieran incurrido en manipulación o coacción de testigos.
De los tres magistrados que conformaron la sala, María Leonor Oviedo se mostró en desacuerdo con la decisión mayoritaria y defendió que la sentencia original debía mantenerse. A su juicio, los elementos del expediente sí permitían inferir la culpabilidad de Uribe en los delitos imputados.
Mientras tanto, las víctimas del caso anunciaron que interpondrán un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, para que esta instancia determine la validez del fallo. Se estima que el proceso podría extenderse por un período de hasta cinco años antes de que haya una decisión definitiva.
Tras conocerse la absolución, el partido político Centro Democrático, liderado por el propio Uribe, celebró la decisión y confirmó que el expresidente podrá volver a ejercer cargos públicos o postularse al Congreso sin restricciones legales.
La trayectoria judicial del exmandatario ha estado marcada por controversias desde que en 2018 la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en su contra por presunta manipulación de testigos en casos relacionados con el paramilitarismo en Antioquia. Este proceso, que se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia reciente de Colombia, llevó a Uribe a ser el primer expresidente del país con medida de detención domiciliaria.
A lo largo de los años, Uribe ha sostenido su inocencia y ha acusado a sus opositores políticos de utilizar el sistema judicial para atacarlo. En redes sociales, varios líderes del Centro Democrático calificaron la decisión del tribunal como “un triunfo de la verdad y la justicia”, mientras sectores de oposición, entre ellos miembros del Pacto Histórico, consideraron el fallo como una “muestra de impunidad”.
La absolución de Uribe reabre el debate sobre la independencia judicial en Colombia y el tratamiento de los casos de alto perfil vinculados a figuras del poder político. Expertos legales estimaron que, aunque el proceso no está cerrado definitivamente, la decisión del Tribunal Superior representa una victoria significativa para el expresidente y un revés para la Fiscalía, que había impulsado la acusación durante años.
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