Caracas, 16 Dic. AVN.- El Gobierno de Venezuela presentó este martes una carta ante la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que denunció el uso de la fuerza, secuestro y piratería cometido el 10 de diciembre de 2025 en aguas internacionales del Caribe, atribuido a los Estados Unidos, contra un buque privado que transportaba petróleo venezolano.
La misiva fue entregada por el Representante Permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, quien señaló que este hecho viola el derecho internacional, razón por la cual merece la atención del Consejo de Seguridad, de acuerdo al video que compartió el canciller de la República, Yván Gil, a través de su canal de Telegram.
Según el documento, los tripulantes del barco fueron secuestrados y permanecen desaparecidos hasta la fecha.
El Ejecutivo venezolano reiteró que continuará ejerciendo su derecho soberano a comercializar legítimamente sus recursos y exigió que ninguna operación legal sea objeto de robos, secuestros o actos de piratería, sin importar su origen.
A continuación, la misiva íntegra:
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela
DM N° 001264
Caracas, 16 de diciembre de 2025
Excelentísimo señor
Samuel Zbogar
Embajador, Representante Permanente de la República de Eslovenia ante las Naciones Unidas y Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Nueva York.
Tengo el honor de dirigirme a usted, en nombre del Pueblo, del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en el mío propio, con el fin de denunciar formalmente un grave acto de uso de la fuerza, secuestro y piratería patrocinado y cometido por los Estados Unidos de Norteamérica, el 10 de diciembre de 2025,en aguas internacionales del Caribe, contra un barco privado dedicado al comercio internacional lícito que transportaba petróleo venezolano, cuyos tripulantes fueron secuestrados e incluso, a la fecha de hoy, permanecen desaparecidos.
Ese día, unidades militares estadounidenses abordaron por la fuerza una nave privada en alta mar, sometieron y secuestraron a su tripulación y se apropiaron ilegalmente de un cargamento de petróleo venezolano, correspondiente a una operación comercial regular, legítima y plenamente ajustada al derecho internacional.
Se trata de un acto de piratería de Estado, ejecutado mediante el uso de la fuerza militar, que constituye un robo descarado de activos que no pertenecen a los Estados Unidos de Norteamérica, sino que forman parte del comercio internacional lícito de un Estado Miembro de las Naciones Unidas.
Excelencia, este no es un hecho aislado, el mismo se inscribe en una política sostenida de coerción y agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, caracterizada por la aplicación prolongada de medidas coercitivas unilaterales, ilegales e ilegítimas, que hoy derivan en una práctica aún más grave: la piratería marítima ejercida directamente por un Estado como instrumento de confiscación forzosa en alta mar. Dicha práctica, independientemente de quién la ejecute, está expresamente prohibida por el Derecho Internacional.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en su artículo 101, define la piratería como todo acto ilegal de violencia, detención o depredación cometido en alta mar contra un buque, su tripulación o sus bienes por un sujeto privado. En este caso, cuando es la fuerza militar de un Estado la que ejecuta los mismos actos catalogados de piratería, el hecho no hace sino agravar la acción hostil y genera una alarma que sacude las bases del sistema multilateral.
El régimen jurídico de la alta mar protege la libertad de navegación y el comercio internacional licito; principios que han sido flagrantemente vulnerados en este caso. De igual forma, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, párrafo 4, prohíbe de manera categórica el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Corresponde exclusivamente al Consejo de Seguridad, conforme a los artículos 39 y 42, determinar la existencia de amenazas a la paz y, en su caso, autorizar medidas coercitivas. En la situación que denunciamos no existe ninguna autorización del Consejo de Seguridad que pueda justificar el abordaje violento, el secuestro de la tripulación ni el robo del cargamento de un buque privado en aguas internacionales.
El propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado reiteradamente la piratería y el robo armado contra buques, y ha actuado de manera firme frente a estas prácticas cuando han amenazado la seguridad de la navegación y del comercio internacional. Esta instancia ha definido claramente que la piratería constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional, incluso ha generado una doctrina especial en la materia, mediante la creación de un paraguas legal excepcional, como lo evidencian las resoluciones 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 2015 (2011), 2184 (2014) y 2634 (2022).
Asimismo, la Organización Marítima Internacional (OMI), en el marco de su Convenio Constitutivo y de las resoluciones de su Asamblea, condena la piratería y el robo armado contra buques, y promueve la cooperación internacional para prevenir, reprimir y sancionar estos actos, por constituir una amenaza directa a la seguridad marítima y al comercio internacional.
La coherencia del sistema multilateral exige que los mismos principios y condenas aplicados por este Consejo frente a la piratería en otras regiones del mundo sean aplicados hoy frente a la piratería ejercida por un Estado, mediante el uso directo de su fuerza militar. Tolerar o normalizar este tipo de conductas equivaldría a legitimar el caos en la navegación marítima internacional, lo cual es absolutamente incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho del Mar y el mandato fundamental de este Consejo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Gobierno de Venezuela exige al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica:
- La liberación inmediata y sin condiciones de la tripulación secuestrada.
- La devolución inmediata del petróleo venezolano confiscado ilegalmente en alta mar.
- El cese inmediato de cualquier acción de fuerza o interferencia contra la comercialización legal de petróleo venezolano.
Asimismo, Venezuela insta respetuosamente al Consejo de Seguridad a:
- Condenar públicamente este acto de piratería promovida por un Estado, el uso ilegitimo de la fuerza militar contra un buque privado y el robo de un cargamento producto del comercio internacional lícito.
- Actuar conforme a sus responsabilidades primordiales para preservar la seguridad de la navegación y del comercio internacional, gravemente amenazadas por este precedente.
- Impedir que las prácticas equivalentes a la piratería se consoliden como instrumento de coerción económica y política entre Estados.
La República Bolivariana de Venezuela solicita respetuosamente al Consejo de Seguridad que reafirme, por la vía escrita, que no ha adoptado ninguna decisión, resolución ni medida que autorice acciones contra Venezuela ni contra la comercialización internacional de su petróleo.
Venezuela continuará ejerciendo su derecho soberano e inalienable a comercializar legítimamente sus recursos y exigir que ninguna operación legal sea objeto de robos, secuestros o actos de piratería, venga de donde venga.
FIN/AVN/ BP/ JQ/ JQ/
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