Caracas, 03 Sep. AVN.- El gobierno canadiense levanta acusaciones infundadas que desconocen a las instituciones venezolanas y la voluntad democrática de su pueblo, reproduciendo un guión de falsedades suministrado por Estados Unidos.
Así lo enfatizó este martes el viceministro para América del Norte, Carlos Ron, en su canal Telegram, en respuesta a un pronunciamiento de la embajada de Canadá sobre la orden de aprehensión de la justicia venezolana contra el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.
«Es cada vez más vergonzosa la forma en que Canadá demuestra la falta de independencia y de iniciativa propia en su política exterior. Reproduciendo un guión de falsedades suministrado por sus jefes en Washington, el gobierno canadiense levanta acusaciones infundadas que desconocen a las instituciones venezolanas y a la voluntad democrática de su pueblo», precisó el viceministro.
Señaló que «con cinismo» Canadá habla de libertades y miedo sin mencionar la ola de violencia fascista en la que fueron asesinadas 25 personas, y promovida por la ultraderecha luego de las elecciones del 28 de julio pasado.
Además, las autoridades del país norteamericano tampoco cuestionan el desacato a la justicia por parte del excandidato, quien, aunque se dice ganador, nunca se presentó ante tribunales o el Consejo Nacional Electoral (CNE) para impugnar resultados, acotó.
Al respecto, Canadá pretende estar a la cabeza de un Grupo de Lima 2.0 para un Guaidó 2.0, pero solo obtendrá un nuevo y contundente fracaso, enfatizó Ron.
«Cuando Canadá sea capaz expresar una política exterior propia y deje de ser un instrumento de EE.UU. para encubrir a actores criminales que atentan contra la paz y la democracia venezolana, tomaremos nota de sus consideraciones», agregó.
El lunes, la justicia venezolana acordó orden de aprehensión contra el excandidato por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público e instigación a la desobediencia de leyes.
Asimismo, por los delitos de conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación, cometidos en perjuicio del Estado venezolano.
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