Caracas, 20 Mar. AVN.- Este viernes, Washington revocó la licencia que permite a Venezuela financiar la representación legal del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
El portal de noticias Telesur publicó una información, según la cual, el abogado Barry J. Pollack presentó el jueves ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, bajo el expediente S4 11-CR-205 (AKH), un memorial de derecho en apoyo a la moción para desestimar todos los cargos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.
El argumento central es que Washington viola de forma activa la Sexta Enmienda constitucional y el derecho al debido proceso, garantizados a todo acusado en suelo estadounidense, al impedir que Venezuela financie la defensa de su jefe de Estado.
Los hechos documentados revelan una secuencia que la defensa califica de intervención política directa. El 7 de enero, los abogados solicitaron a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro las licencias necesarias para recibir fondos del Estado venezolano.
El 9 de enero las obtuvieron —la de Nicolás Maduro a las 3:18 p.m., la de Cilia Flores a las 3:36 p.m. —. Menos de tres horas después, a las 6:05 p.m. del mismo viernes, la OFAC publicó una versión enmendada exclusiva para Maduro que prohibía recibir ese financiamiento. La licencia de Flores no fue tocada.
Ese proceder contradice la práctica histórica de la agencia. Un experto declaró bajo juramento que, hasta este caso, jamás había conocido una negativa de OFAC ante una solicitud de ese tipo, sin importar el régimen de sanciones aplicable.
El escrito adjunta la declaración jurada del jurista venezolano Henry Rodríguez Facchinetti, quien certifica que la legislación venezolana obliga al Estado a cubrir los gastos legales de su presidente. El propio presidente Nicolás Maduro declaró, bajo juramento, no poseer recursos propios para costear su defensa.
La argumentación descansa sobre jurisprudencia federal precisa. El Segundo Circuito estableció en United States v. Stein (2008) "que el Gobierno no puede interferir con el pago de honorarios por terceros sin violar la Sexta Enmienda".
La expectativa de Maduro de recibir ese financiamiento constituye, según esa doctrina, un derecho de propiedad legalmente protegido. Lo que hace más difícil de sostener la postura de Washington es que la misma agencia responsable del bloqueo tomó, en paralelo, decisiones que apuntan en sentido contrario.
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