Caracas, 22 Ene. AVN.- Este jueves, en sesión ordinaria, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría calificada la primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, presentado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Al introducir el proyecto de Ley ante la plenaria, el diputado Ramón Lobo, destacó que este plantea adecuarse a los nuevos momentos políticos y económicos que vive la patria, y precisó que viene a sustituir el Decreto con rango valor y fuerza de los precios justos aprobado en el 2015 en circunstancias distintas en medio de un ataque a la economía real.
De igual forma, Lobo explicó que la norma, fundamentada en los artículos 114 y 117 de la Constitución, “tiene como finalidad central garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional, peor también garantizar el acceso a los bienes a los servicios fundamentales para el desarrollo del pueblo venezolano”, además, busca defender el salario de los venezolanos, dijo el parlamentario.
Durante su presentación ante la plenaria detalló que el Proyecto de Ley consta de 96 artículos distribuido en cinco capítulos, y destacó que contempla la creación de la Superintendencia de Protección de Derechos Económicos y del Sistema Nacional de Observación de Precios, definiendo a éste último como “un punto de encuentro para que podamos entre el Estado y los agentes económicos fijar los precios en muto acuerdo a fin de garantizar el acceso para la población pero también la sustentabilidad del hecho productivo”.
Asimismo, resaltó la conformación de Comités de consumidores y de usuarios que articularán con las organizaciones de base y del poder popular en la defensa del acceso a bienes y servicios, y la aplicación de un nuevo enfoque al esquema sancionatorio de la norma.
“La Ley va a permitir blindar el punto de encuentro para que, entre productores, consumidores y el Estado nosotros podamos garantizar productos de calidad, productos en el tiempo adecuado” y a precios adecuados, para de esa manera garantizar el incremento del salario real de la población, apuntó.
Mandato constitucional
“Esta es una ley que está fundamentada en la responsabilidad y que tiene como propósito un mandato constitucional” señaló al intervenir en el debate el diputado Jesús Faría, quien además explicó que el proyecto plantea cómo se convierte el crecimiento de la producción en mayor bienestar para el pueblo.
En este sentido, afirmó que el Estado tiene que asumir esta responsabilidad. “Solo la intervención del Estado puede generar una justa distribución de la riqueza”, enfatizó el parlamentario.
“Esta es una ley que en lo absoluto golpea o está en contradicción con la necesidad de estimular las fuerzas productivas de la nación”, señaló Faría, quien subrayó que esta ley será imposible de aplicar sin la participación del pueblo, y afirmó que se puede lograr la armonía entre el desarrollo de la economía y el bienestar del pueblo.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante coincidió en destacar la importancia de la participación del pueblo al lado del sector privado y el público en el momento económico y político actual, y aseguró que con la confluencia de estos tres sectores trabajando en conjunto se logrará que esta Ley, que conecta con el Proyecto de Ley de Hidrocarburos, tribute en mayor bienestar para el pueblo venezolano.
“Consideramos que es una oportunidad histórica y además una responsabilidad que es impostergable para todos y cada uno de nosotros”, expresó al intervenir en el debate el diputado Rubén Limas de la bancada de la Alianza Democrática.
El parlamentario afirmó que esa bancada apoya el Proyecto de Ley con la aspiración de que se constituya en una guía que permita tener una economía eficiente, transparente y con un carácter profundamente humano, y poner freno a fenómenos como la especulación y el acaparamiento.
Aunque, al pedir el derecho de palabra ante la plenaria la diputada Nora Bracho de UNT, en representación de la bancada Libertad, afirmó que “nadie en este sentido puede oponerse a que el Estado garantice bienes de calidad, luche contra la usura y proteja al consumidor”, y que debe ser una prioridad trabajar y luchar por la estabilidad económica del país y recuperar el poder adquisitivo del venezolano, señaló finalmente que no acompañan el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de Derechos Socioeconómicos.
La parlamentaria afirmó sin embargo que desde su bancada exigen que esta Ley se convierta en un escudo que sirva para promover la productividad y llamó a brindar bienestar y prosperidad a todas las familias venezolanas.
Por su parte, David Uzcátegui, de la fracción Vamos Venezuela, destacó que la AN tiene como prioridad trabajar y legislar por la recuperación económica del país y del poder adquisitivo de los venezolanos.
“Todo lo que tenga que ver en ese sentido con la recuperación económica de Venezuela nuestra fracción va a estar ahí siempre, apoyando sin vacilación”, dijo, afirmando que respaldan el Proyecto de Ley pero que plantearán algunos elementos dentro del articulado en la Comisión Permanente de Economía, para asegurar que se transforme en calidad de vida para la gente.
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