Caracas, 01 Ago. AVN.- La jueza colombiana Sandra Heredia comunicará hoy públicamente la sentencia a cumplir por el expresidente Álvaro Uribe tras el fallo que lo declaró culpable de los cargos de soborno a testigos y fraude procesal.
Este viernes, todos los ojos de Colombia vuelven a estar sobre la jueza, quien hace cuatro días condenó penalmente por primera vez a un expresidente en la historia moderna del país, en primera instancia. A partir de las dos de la tarde está citada la audiencia en la que anunciará la sentencia contra el exmandatario de derechas, Álvaro Uribe Vélez, de quien anunció este lunes que es responsable de los delitos de fraude procesal y soborno de testigos en actuación penal.
La Fiscalía pidió una pena privativa de la libertad de nueve años, la máxima posible en estos casos, y en una prisión, mientras que la defensa le solicitó a la juez que “mantenga la situación de libertad del doctor Uribe Vélez”, en palabras del abogado Jaime Granados. Informó Prensa Latina.
Ante la jurista llegaron esta semana los argumentos sobre el monto de la pena, la posibilidad de que la sanción se pueda cumplir en el domicilio del político o sea en una cárcel, y sobre la actitud que ha tenido el expresidente ante el juicio, que es uno de los criterios para que tome esa decisión. Sí bien la fiscal Marlene Orejuela solicitó una pena de nueve años de cárcel, Heredia manifestó que el exgobernante podrá cumplir su condena en su hogar y no tras las rejas.
“En tanto, el acusado, indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria, como sustitutiva de la pena de prisión, acogiendo la pacífica postura del cuerpo colegiado que sobre el particular establecido”, expresó la jueza.
Posterior a la lectura de la sentencia condenatoria de primera instancia con el monto de la condena y la pena privativa de la libertad impuesta a Uribe, su equipo legal dispondrá de un término de cinco días hábiles para apelar con el fin de invalidar el fallo.
De acuerdo con analistas, la querella deberá ser dirimida entonces por el Tribunal Superior de Bogotá, donde se someterá al criterio de varios magistrados.
El abogado Jaime Granados, quien lidera la defensa del exjefe de Estado, aseguró a medios locales que presentarán la apelación con el objetivo de impugnar la decisión de Heredia.
El juicio contra Uribe marcó un precedente de gran significación para el país pues es la primera vez en la historia que un exgobernante es hallado culpable de cargos penales.
Por otra parte, el resultado del proceso avivó las tensiones entre Colombia y Estados Unidos y el propio mandatario, Gustavo Petro, pidió a la embajada de la nación norteña “no entrometerse en la justicia” de su país.
El jefe de Estado solicitó a la Corte Constitucional y al Tribunal Supremo que rechazaran las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien calificó como una presunta instrumentalización política del poder judicial colombiano la condena emitida contra Vélez.
“¿Por qué la Corte Constitucional, a través de su presidente, no se para y dice que este país es independiente y soberano y que aquí se respetan los jueces? ¿O es que nos volvimos de nuevo una colonia? ¿Y por qué no lo hacen también la Corte Suprema y todo el poder judicial?», aseveró.
La génesis del caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando el exmandatario denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente dar beneficios a testigos para que señalaran al expresidente y a su familia de tener nexos con los paramilitares.
Tras examinar el alegato expuesto, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia y determinó que era Uribe quien levantaba falso testimonio contra Cepeda.
Ante esa situación, renunció el exgobernante en 2020 a su escaño de senador para dejar el afuero, permitiendo que su caso pasara a la justicia ordinaria, pero no fue procesado.
No obstante, el 16 de enero del pasado año, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, reabrió el caso y afirmó que existían suficientes elementos para imputarlo por los cargos de soborno a testigos y fraude procesal.
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