Caracas, 05 Jun. AVN.- El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda Sarabia, denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, al presidente Gustavo Petro por convocar consulta popular por decreto.
"El presidente Petro amenaza el orden constitucional al convocar una consulta popular por decreto, reseña la agencia Sputnik.
El mismo indica que dicha situación es una grave alteración del orden constitucional en Colombia, al convocar una consulta popular nacional mediante decreto, ya que esa iniciativa fue formal y expresamente rechazada por el Congreso de la República el 14 de mayo de 2025.
La denuncia fue presentada por el bufete de abogados Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, en representación del senador Cepeda.
En el documento, se solicita que la ONU reciba la comunicación como una "alerta temprana formal", argumentando que la convocatoria presidencial compromete los principios de separación de poderes y la estabilidad democrática en Colombia.
"Tal decisión constituye una amenaza real, verificable e inminente al principio de separación de poderes", indica la misiva.
En la denuncia, se enumeran declaraciones del mandatario entre diciembre de 2024 y abril de 2025, donde Petro acusa a Cepeda de delitos como tráfico de influencias, sabotaje, corrupción y de intentar suprimir la voz del pueblo durante el debate sobre la reforma laboral.
La denuncia también menciona afirmaciones públicas en las que Petro habría calificado de "dictadura" la conducta parlamentaria del senador.
El Congreso rechazó la propuesta de consulta popular sobre la reforma laboral por 49 votos en contra y 47 a favor, lo que, según el comunicado, cerró formalmente la vía para ese mecanismo en los términos planteados.
La decisión fue certificada por la Secretaría General del Senado, y el documento subraya que cualquier intento posterior de revivir la consulta debería tramitarse nuevamente bajo las normas vigentes, que establecen que la Cámara Alta debe aprobar previamente la realización de estos comicios.
El pasado martes el presidente Petro anunció su decisión de activar el mecanismo de participación ciudadana por decreto como alternativa para sacar adelante su agenda social, tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso y el reciente bloqueo a una primera propuesta de consulta.
La Corte Constitucional deberá revisar la legalidad del decreto, y en caso de aprobarlo, se habilitaría la realización de una jornada electoral en la que los colombianos decidirán directamente sobre varios aspectos de la reforma laboral y otras políticas sociales priorizadas por el Gobierno.
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