Caracas, 15 Sep. AVN.- El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció que está en conversaciones con la fiscal general, Pamela Bondi, para explorar la posibilidad de enjuiciar a individuos que, según él, han invertido millones de dólares en la financiación de protestas. Trump sugirió la aplicación de la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado) contra estas personas, a quienes acusó de promover la agitación y los delitos.
Trump fue enfático al calificar estas manifestaciones como actos delictivos y no simples protestas. "Son protestas. Son delitos", afirmó, sugiriendo que la financiación de estos movimientos cae bajo la jurisdicción de la ley RICO, una herramienta legal generalmente utilizada para desmantelar organizaciones criminales como la mafia. Esta declaración indica la intención de Trump de criminalizar la inversión en activismo social.
Además de su enfoque en los financieros, el mandatario también abordó el tema de la quema de la bandera estadounidense. Aseguró que buscará penas de prisión para quienes realicen este acto, considerándolo una forma de incitación a la violencia. Esta postura contradice la legislación actual y las decisiones de la Corte Suprema.
También, prometió cuestionar la idea de que la quema de la bandera sea un acto de libertad de expresión. En EEUU, la Corte Suprema ha dictaminado en varias ocasiones que quemar la bandera es una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución, siempre y cuando se realice en propiedad privada o con permiso en espacios públicos. Las declaraciones de Trump representan un desafío directo a este precedente legal.
Finalmente, la propuesta de Trump de aplicar la Ley RICO a los financiadores de protestas y de penalizar la quema de la bandera, si bien busca responder a la agitación social, también abre un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la financiación del activismo político en el país. Sus comentarios señalan una posible reorientación en la política de aplicación de la ley hacia los movimientos sociales.
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