Caracas, 21 Ago. AVN.- El movimiento indígena de Ecuador (MICC) informó la detención de tres policías por pobladores de la provincia andina de Cotopaxi, que serán juzgados por la justicia indígena, tras la acusación de intento de asesinato de su ex ex candidato presidencial y líder Leonidas Iza, así lo reseña Prensa Latina.
El Ministerio Público no hizo referencia a la acusación de las comunidades indígenas, solo sostuvo que los uniformados se encontraban trabajando en otras investigaciones por lo que instó al diálogo.
"La Fiscalía respeta y reconoce las normas y tradiciones de las comunidades indígenas, incluida la resolución de conflictos en sus propios territorios. Sin embargo, reitera que resulta fundamental establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la justicia ordinaria", expresó el Ministerio Público en un comunicado.
Durante la primera audiencia comunitaria de justicia indígena, los dirigentes presentaron como pruebas tres teléfonos celulares con entre tres mil y cinco mil archivos, cuyos datos confirmarían que, en efecto, seguían a Iza, a quien identificaban como el “cuy” o “capibara”.
Por su parte, la Policía Nacional presentó una acción de habeas corpus para exigir la liberación de los tres agentes de inteligencia involucrados en el presunto intento de asesinato a Iza.
En su pedido de habeas corpus para evitar que sean procesados por la justicia indígena, la Policía ratificó que los agentes cumplían con diligencias impulsadas por la Fiscalía General.
Para el MICC, el pedido de habeas corpus constituye un acto malicioso y temerario, que viola el principio de diálogo intercultural entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, además de revictimizar a las comunidades que hoy enfrentan el abuso de poder del Estado.
El excandidato presidencial y líder Leonidas Iza, a través de en un mensaje difundido en la red social X, responsabilizó al Gobierno por su seguridad y la de su familia tras el intento de asesinato con policías involucrados.
La justicia indígena en Ecuador está reconocida por la Constitución y permite a las comunidades originarias resolver conflictos internos de acuerdo con sus costumbres, prácticas ancestrales y normas propias.
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