Caracas, 01 Sep. AVN.- El Gabinete de la Internacional Progresista difundió un comunicado en el que rechazó las advertencias intervencionistas emitidas por Washington en contra de Venezuela.
“Condenamos inequívocamente la escalada de la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, y pedimos a todas las fuerzas progresistas que se opongan a la intervención de Estados Unidos y a la envalentonada Doctrina Monroe detrás”, según reportó el canal del Estado.
La declaración sostuvo que se trató de una profundización en la guerra híbrida dirigida contra el proceso bolivariano, iniciada desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. “Desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999, declarando que Venezuela se embarcaría en una ‘profunda transformación’ que elevaría a los pobres y desafiaría la agresión imperial, el país nunca ha dejado el punto de mira de Estados Unidos”.
El pronunciamiento subrayó además el interés estratégico de Estados Unidos por los recursos naturales del país suramericano. “Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, junto con cantidades significativas de gas natural, bauxita y oro, entre otros”. En ese sentido, recordó las palabras del ex enviado especial de Trump, Elliott Abrams: “Una de las razones por las que hemos dado una licencia a Chevron y a varias compañías de servicios es precisamente facilitarles la ayuda en la recuperación de la producción de petróleo después de que el régimen sea reemplazado”.
Washington desplegó contra Caracas un amplio repertorio de presiones: operaciones encubiertas, incursiones de mercenarios, intentos de magnicidio, planes de golpe de Estado, aislamiento diplomático, amenazas militares abiertas y sanciones económicas. Dichas acciones coincidieron con el anuncio de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien comunicó que se duplicaba la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico, alcanzando los 50 millones de dólares.
Entre 2012 y 2020, las medidas restrictivas ocasionaron un desplome del 93 % en los ingresos petroleros de Venezuela. En paralelo, la calidad de vida de la población se redujo en un 74 %, proporciones comparables a las registradas en Irak durante la invasión estadounidense.
El Centro de Investigación de Política Económica señaló que las limitaciones impuestas por las sanciones derivaron en la muerte de 40.000 venezolanos en un solo año, entre 2017 y 2018, un hecho que “se ajusta a la definición de castigo colectivo a la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya”.
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