Caracas, 02 Oct. AVN.- La Misión de Verificación de la ONU en Colombia divulgará este jueves el informe trimestral correspondiente al período comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2025, el cual será presentado mañana ante el Consejo de Seguridad por Miroslav Jenča, representante especial del secretario general en territorio colombiano.
El texto examina los progresos y obstáculos en la ejecución del Acuerdo Final de Paz suscrito en 2016. En su informe previo, Naciones Unidas destacó el compromiso del Estado colombiano con la construcción de una paz sostenible, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a continuar brindando su apoyo.
El secretario General António Guterres, expresó nuevamente su inquietud ante la continuidad de la violencia en diversas zonas del país, la cual afecta directamente a comunidades indígenas, afrocolombianas, excombatientes, líderes sociales y menores vinculados a grupos armados. En este marco, instó a detener las amenazas contra la población civil y pidió al Estado reforzar las medidas de seguridad, enfrentar las economías ilegales y asegurar el acceso a la justicia.
El informe destaca la creación del Programa de Protección Integral para excombatientes, que incluye la formalización de la Instancia Tripartita de Protección y Seguridad, integrada por representantes del Estado, de los excombatientes y de la Misión de Verificación.
Hasta el 26 de junio, se contabilizan 470 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. En materia de reforma rural, se reconocen los esfuerzos gubernamentales para adjudicar y formalizar tierras a campesinos, mujeres rurales y víctimas del conflicto.
El nuevo informe se anticipa como un reconocimiento a las primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En septiembre, siete antiguos líderes guerrilleros fueron condenados a cumplir ocho años de sanciones restaurativas por crímenes vinculados a la privación de libertad. Las acciones contempladas incluyen la búsqueda de personas desaparecidas, actos conmemorativos, reparación simbólica, recuperación de ecosistemas y labores de desminado humanitario.
Pocos días más tarde, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sanciones a 12 miembros de la fuerza pública por su implicación en 135 casos de asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 2002 y 2005, los cuales fueron reportados como bajas en combate. Estos hechos se registraron en el norte del departamento de Cesar y el sur de La Guajira. Los responsables deberán cumplir medidas restaurativas como parte del proceso judicial.
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