Caracas, 13 Abr. AVN.- El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales destacó la consolidación de las Organizaciones Socioproductivas como eje transversal del nuevo modelo de Estado para superar el modelo rentista que dependía exclusivamente del petróleo para el desarrollo económico de Venezuela.
Desde las comunidades, las Empresas de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC), las Empresas de Propiedad Social Indirecta Comunal (EPSIC) y las Unidades de Producción Familiar (UPF) impulsan nuevas estrategias de producción basadas en la Democracia Participativa y Protagónica. En este sentido, la Economía Comunal contempló diversas formas jurídicas que se adaptan a las potencialidades de cada territorio.
El organismo explicó en una publicación de este 13 de abril, que la creación de la Organización Socioproductiva surgió de un diagnóstico participativo en las comunidades, cuando los comuneros iniciaron con identificar los nudos críticos y potencialidades para elaborar un proyecto que debe ser aprobado en Asamblea de Ciudadanos, para garantizar que la propuesta responda al interés colectivo.
Seguidamente, para su formalización y obtención de personalidad jurídica, los recaudos (Acta Constitutiva, Proyecto Socioproductivo, Planilla de Reserva de Nombre y Aval de la Comuna) deben ser consignados ante el Ministerio de las Comunas, a través de la Taquilla Única de Registro del Poder Popular de cada estado. Un paso que el organismo identificó como fundamental, "pues es el órgano competente el que valida el cumplimiento de la normativa y formaliza la integración de la unidad al sistema nacional, permitiéndole acceder a beneficios como la exoneración de tributos y el acompañamiento institucional".
Sobre la estructura y funcionamiento, las Organizaciones Socioproductivas se plantean con una estructura organizativa interna dividida en cinco unidades fundamentales: la Unidad de Gestión Productiva, responsable de la operatividad directa, planificación de los ciclos de producción, adquisición de materia prima, mantenimiento de maquinaria, control de inventarios y distribución final de los bienes o servicios.
En segunda instancia está la Unidad de Administración que tiene la responsabilidad del manejo financiero, contabilidad, resguardo de activos y ejecución de los gastos operativos.
La Unidad de Formación se encarga, por su parte, de elevar la conciencia política y técnica de los integrantes. Desarrolla planes de capacitación permanente para mejorar las habilidades productivas y profundizar en el estudio del modelo de Economía Comunal, combatiendo la lógica del capital dentro de la organización.
La Unidad de Contraloría Social ejerce el seguimiento, vigilancia y control sobre las operaciones financieras y administrativas para asegurar la transparencia y garantizar que la gestión rinda cuentas de manera periódica ante la Asamblea de la Comuna.
Mientras que la Unidad de Gestión de Excedentes caracteriza el fin social de la organización. Se encarga de calcular y proponer ante la Asamblea el destino de los excedentes netos para su reinversión social en el territorio (salud, educación, servicios públicos), asegurando que la ganancia se transforme en bienestar para la comunidad.
En cuanto a la sostenibilidad de estas unidades, dependerá de su integración con las instancias del Gobierno de la Comuna, como el Parlamento Comunal y el Consejo Ejecutivo.
En su publicación, el Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales subrayó que todos los proyectos deben estar alineados con el Plan de Desarrollo Comunal para garantizar una Gestión Territorial coherente.
También precisó que estas Organizaciones Socioproductivas tienen el derecho al financiamiento y acompañamiento institucional, además de la obligación ineludible de la rendición de cuentas, la protección del ambiente y la participación activa en el encadenamiento productivo nacional.
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