Caracas, 04 Sep. AVN.- Un proyecto de decreto impulsado por el Gobierno de Colombia, que permitiría a entidades privadas o confesiones religiosas organizar, dirigir y administrar establecimientos educativos públicos bajo ciertos requisitos, ha generado un intenso debate en el país por sus implicaciones en torno a una eventual privatización de la enseñanza.
La norma, promovida por el Ministerio de Educación Nacional, modificaría el Decreto 1075 de 2015 y se encuentra en su fase crítica de revisión y debate público, que culmina hoy, antes de que el equipo jurídico y técnico de la cartera compile y evalúe los comentarios para definir si se realizan cambios al texto original.
El exministro de Educación Daniel Rojas calificó la propuesta como "ilegal" y destacó que crea una figura no contemplada en la ley, en tanto legitima la corrupción con recursos de la educación y flexibiliza el régimen de contratación.
La exsenadora María José Pizarro alertó que la autorización para que privados dirijan colegios públicos por 12 años y que iglesias diseñen estrategias pedagógicas constituye un ataque frontal contra la educación pública, laica y de calidad.
"Tercerizar la educación pública e imponer visiones religiosas en nuestras aulas va en contra de la Constitución. ¿Desde cuándo la educación es un negocio o un espacio para pagar los votos de una elección? Se trata de la niñez y su derecho a la educación, de los derechos laborales de los docentes y del Estado laico", señaló en redes sociales.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación rechazó el argumento de la ministra Viviane Morales, quien sostuvo que bajo la nueva norma la entidad pública sigue prestando el servicio con el apoyo para su administración de un tercero.
"Esto es privatización. Ahora pretenden que la educación pública pague diezmos. ¡Respeten la educación como derecho fundamental!", pidió el gremio sindical.
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