Caracas, 11 Jul. AVN.- A propósito del estatus de más de un centenar de venezolanos encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el bufete de abogados Grupo Ortega, informó este viernes a la agencia rusa Sputnik que los más de 250 migrantes venezolanos expulsados por Estados Unidos y confinados desde marzo pasado en El Salvador son responsabilidad de las autoridades de ese país donde se encuentran físicamente.
"El Gobierno de EEUU, al expulsar a estos ciudadanos venezolanos, ya no tiene ninguna jurisdicción, y materialmente esas personas se encuentran físicamente en territorio salvadoreño", aseguraron para Sputnik.
Grupo Ortega, abogados de una treintena de dichos retenidos, dejaron claro su discrepancia con la respuesta del Gobierno salvadoreño a una consulta de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según la cual la administraciónd de Trump mantiene el control sobre los venezolanos en el Cecot.
"La jurisdicción y responsabilidad legal sobre estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes, en virtud de los acuerdos internacionales suscritos y de conformidad con los principios de soberanía y cooperación internacional en materia penal", refirieron las autoridades salvadoreñas.
Los abogados enfatizaron que los venezolanos están recluidos en un penal de máxima seguridad en el central departamento de San Vicente, pese a no haber cometido ningún delito en El Salvador.
En este sentido, los representantes legales presentaron el pasado 25 de marzo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus a favor de sus defendidos.
"Nuestros patrocinados, junto con otros ciudadanos venezolanos, han sido privados de libertad de forma ilegal ya que ellos no han cometido delito ni infracción administrativa alguna en El Salvador", reiteraron el 23 de junio último en respuesta a requerimientos de la Sala.
Agregaron que tampoco "existe instrumento o acuerdo internacional debidamente ratificado por la Asamblea Legislativa que permita que extranjeros puedan ser privados de libertad en El Salvador por hechos cometidos en otro país".
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