Caracas, 25 Mar. AVN.- Una firma privada de abogados de El Salvador presentó recursos de hábeas corpus a favor de venezolanos presos en ese país, los cuales fueron trasladados desde Estados Unidos acusados de presuntamente estar vínculos con la banda criminal Tren de Aragua.
«Estamos pidiendo en el hábeas corpus que, ante el vacío legal-jurídico en el cual están estas personas por no haber causa justa a este momento, sean puestos inmediatamente en libertad», explicó Salvador Ríos, uno de los abogados del bufete Grupo Ortega, reseña la agencia sputnik.
El jurista detalló que los venezolanos no pueden ser mantenidos presos en El Salvador pues no han cometido delito alguno en ese país, una condición establecida en el artículo ocho del Código Penal.
«La Ley Penal salvadoreña se aplicará a los hechos punibles cometidos total o parcialmente en el territorio de la República o en los lugares sometidos a su jurisdicción», precisó.
Agregó que la Ley Penal salvadoreña es eminentemente territorial. «Aquí los venezolanos no han cometido ningún delito. Es decir, de continuar detenidos estarían violando flagrantemente y evidentemente el artículo 8 del Código Penal», añadió
Asimismo, descartó que los 238 sean miembros de la banda criminal el Tren de Aragua. «Son personas que han migrado de su país y en Venezuela no tienen ningún antecedente criminal para determinar tal situación», dijo.
El presidente de EEUU, Donald Trump, invocó en febrero la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a cientos de venezolanos mayores de 14 años, arguyendo que integran la banda delictiva Tren de Aragua, o por no poseer pasaporte estadounidense o permiso de residencia permanente.
Mediante un acuerdo entre la administración de Trump y el Gobierno de Nayib Bukele, 238 de estos venezolanos fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, pero Caracas asegura que se trata de migrantes comunes y calificó la medida de «secuestro».
El Gobierno venezolano liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que hará todo lo necesario ante los organismos internacionales para garantizar el retorno de sus ciudadanos.
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