Caracas, 21 Ago. AVN.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este viernes por unanimidad, en segunda discusión, la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, instrumento legal orientado a fortalecer el control sobre la edificación, venta y protocolización de inmuebles en el país.
El instrumento legal, integrado por 40 artículos y cuatro capítulos, busca garantizar la transparencia jurídica y la viabilidad financiera durante la adquisición de inmuebles en fases de preventa y construcción.
En este sentido, durante la sesión extraordinaria, el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, sometió a votación la propuesta legislativa que resultó aprobada por los parlamentarios.
"Se declara sancionada la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas y se remite a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de su promulgación", expresó Rodríguez, al tiempo que destacó que este instrumento representa la ley número 11 sancionada durante el primer período de sesiones, comprendido entre el 5 de enero y el 15 de agosto de 2026.
Supervisión y garantías para la compra
Para garantizar el cumplimiento de la ley, el ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat asumirá la supervisión e inspección de las obras en coordinación con las alcaldías, según establece el artículo 6.
Asimismo, las empresas deberán cumplir con una serie de requisitos antes de vender un proyecto. El artículo 8 señala que, para iniciar la preventa, las constructoras deben presentar el título de propiedad del terreno, el anteproyecto aprobado por la alcaldía, un mecanismo de resguardo financiero para los fondos y su inscripción en el Registro Único Nacional de Proyectos Inmobiliarios. Adicionalmente, detalla que el dinero del fideicomiso solo se entregará cuando la obra cuente con todos los permisos correspondientes.
Estudios previos y cobros adicionales
Por otra parte, el artículo 14 exige que los constructores entreguen a las alcaldías las evaluaciones de suelos, impacto ambiental, vialidad y disponibilidad de servicios como agua, luz, gas y telecomunicaciones antes de recibir el permiso de construcción.
Finalmente, el artículo 20 dispone que los costos de vialidad, urbanismo y servicios básicos deben formar parte del precio total del inmueble. En este sentido, la norma legal precisa que "en los contratos o documentos equivalentes regulados por esta ley no podrá exigirse a la compradora o comprador el pago de cargos adicionales asociados o relacionados al proyecto inmobiliario de vivienda y hábitat".
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