Caracas, 28 Abr. AVN.- El avance del crimen organizado constituye un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe y su erradicación requiere de una "acción urgente" y de soluciones coordinadas más allá de las fronteras nacionales, informó Sputnik citando un informe técnico del Banco Mundial (BM), publicado el lunes.
"El crimen organizado es uno de los problemas más urgentes de la región y debe estar en el centro de cualquier conversación sobre desarrollo. Si bien es un problema presente en muchos países y regiones del mundo, y su erradicación requerirá colaboración internacional y soluciones coordinadas más allá de las fronteras nacionales, la forma particular que toma en la región exige una acción urgente", afirma el estudio del organismo internacional.
El informe técnico forma parte del Reporte Económico de América Latina y el Caribe, que este año pone el foco en el crimen organizado y la violencia en la región.
En el capítulo dedicado a las perspectivas económicas, el BM prevé que los países latinoamericanos crecerán en conjunto un 2,1 por ciento en 2025 y un 2,4 en 2026; se trata de la región con menor crecimiento previsto para los próximos años.
Una de las razones vinculadas con esta aparente postergación tiene que ver, de acuerdo con el informe, con el crecimiento sostenido del crimen organizado y la violencia desatada en América Latina y el Caribe, cuyos efectos obstruyen el camino al desarrollo de la región.
América Latina en el foco
Según el índice de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, de los 50 primeros países del planeta que registran la incidencia más severa del crimen organizado, 12 son latinoamericanos.
De acuerdo con información analizada por los técnicos del BM, la presencia de países de América Latina y el Caribe es significativa en muchos mercados ilícitos que conllevan violencia letal, como el comercio de cocaína, el tráfico de armas, el tráfico de personas, entre otros.
Entre los 20 países con mayores dificultades para lidiar con este fenómeno en todo el mundo, México es el que más vínculos teje con mercados ilícitos (13 de 15 mercados ilícitos analizados), seguido de Brasil y Colombia (cada uno con ocho).
En América Latina y el Caribe, además, las tasas de victimización son tres veces superiores al promedio mundial, las tasas de homicidios son ocho veces superiores y los niveles de encarcelamiento en la región superan los de la mayoría de los países del mundo, según estudios citados por la entidad.
"(En la región) el crimen organizado tiende a ser más violento que en otros lugares. También florece localmente a través del control territorial, la coerción y la extorsión, la captura de las instituciones del Estado, y la gobernanza criminal, a veces con reglas que limitan las libertades individuales, incluyendo el derecho a circular, trabajar y votar libremente", reza el Banco Mundial en el documento.
Desafío
De acuerdo con el Banco Mundial, la violencia desatada de los grupos organizados, las cárceles deficientes, el funcionamiento defectuoso de las fuerzas de seguridad y el pernicioso sistema de justicia penal dificultan aún más la recuperación de las economías subdesarrolladas de base, caracterizadas por mercado laborales precarios, en los que amplios segmentos de la población no tienen oportunidades de construir vidas dignas.
"La falta de oportunidades -especialmente para los hombres jóvenes, quienes son las víctimas principales y los principales perpetradores de la violencia criminal- facilita el reclutamiento en las organizaciones criminales", dice el informe.
Entre las consecuencias más importantes que el avance de la violencia implica para los países latinoamericanos, el organismo destaca la disminución de la inversión, el aumento de los costos y la reducción de la competitividad, los gastos improductivos en seguridad pública, que impiden inversiones en salud, educación e infraestructura, el cercenamiento de las libertades básicas de los ciudadanos que viven bajo las reglas del crimen organizado y el debilitamiento de las instituciones.
"Los canales a través de los cuales el crimen organizado contribuye a la baja productividad, el bajo crecimiento, la pobreza y la alta desigualdad en América Latina y el Caribe son innumerables", asegura el documento.
Para enfrentar este desafío, el BM llama a los países latinoamericanos a actuar a través de agendas coordinadas internacionalmente, información transparente y políticas basadas en evidencia.
Entre las políticas concretas se alude a reformas policiales, la mejora de los sistemas penitenciarios, fortalecimiento de los procesos judiciales, intercambio de "evidencia criminal" y una limitación drástica de la proliferación de las armas de fuego.
En el campo estrictamente económico se hace mención a la necesidad de iniciativas de crecimiento y generación de empleo y de políticas educativas que garanticen una formación profesional permanente para aumentar el "costo de oportunidad" de la carrera criminal y para reducir la "oferta laboral" que nutre a los grupos organizados.
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