Caracas, 18 Nov. AVN.- La Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal continúa su despliegue en el país con un balance de 73 encuentros y 450 mesas de trabajo, con el objetivo de recabar las propuestas de los distintos sectores de la vida republicana para transformar el sistema judicial.
Durante la jornada de este miércoles, en la sede de La Carlota, participaron diputados y diputadas de la Asamblea Nacional (AN), junto a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; el fiscal general de la República y secretario ejecutivo de la consulta, Larry Devoe; el defensor público general, Daniel Ramírez; y el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
Devoe afirmó que la transformación del sistema judicial requiere la elaboración de un diagnóstico compartido y de una hoja de ruta común para el futuro.
"Es un tema de consenso nacional. Todos y todas estamos de acuerdo en que es necesario cambiar el sistema de justicia penal que tenemos en la actualidad", expresó Devoe.
El fiscal general subrayó que el primer objetivo de la consulta es elaborar un diagnóstico objetivo que reconozca tanto los puntos fuertes del sistema como sus puntos críticos. "No se trata de revisar el desempeño de una u otra persona, se trata de revisar el funcionamiento de la justicia en su conjunto, en la práctica, en la cotidianidad", sostuvo. Entre los retos identificados, mencionó el acceso a la justicia, los retrasos procesales, la necesidad de mejorar la política de apoyo a las víctimas y la lucha contra la corrupción.
Señaló además que el segundo objetivo es trazar la ruta para transformar la justicia, lo que exigirá medidas a corto, medio y largo plazo, con plazos e indicadores claros. "Quien ofrezca que con un acto concreto se va a resolver el problema del funcionamiento de la justicia no está abordando el fenómeno con toda su complejidad", advirtió.
Subrayó la necesidad de un estudio científico del fenómeno, que incluya un diagnóstico sociodemográfico y una encuesta nacional sobre la victimización, así como una revisión en profundidad de las prácticas institucionales y de la legislación vigente. "No toda ley debe tener un delito. Más bien debemos avanzar hacia un proceso de unificación y codificación de los instrumentos", concluyó.
El proceso, encargado por el Ejecutivo nacional el pasado 23 de abril, ha permitido ampliar el debate a las personas privadas de libertad. La comisión especial encargada de esta tarea entró en funciones el 1 de junio y, hasta la fecha, ha recabado los testimonios de magistrados, autoridades de la Fiscalía y miembros del Programa para la Convivencia y la Paz Democrática.
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