Caracas, 04 Oct. AVN.- La Corte Constitucional de Ecuador revocó la medida de estado de excepción en cinco provincias: Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas, por considerar que ya se encuentran en condiciones estables.
Sin embargo, el tribunal mantuvo el decreto de estado de excepción sobre las provincias de Carchi e Imbabura, dadas las permanentes protestas que se mantienen en estas regiones desde hace 13 días.
Recordemos que, en días pasados, el presidente Daniel Noboa decretó la medida de excepción sobre siete provincias, luego de las fuertes protestas contra la decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio al diésel.
Paralelamente, la Corte declaró como constitucional la decisión de limitar el derecho a la libertad de reunión y el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las provincias de Carchi e Imbabura, con la condición de que se aplique, “en estricto apego al respeto al legítimo ejercicio del derecho a la protesta y resistencia pacífica”.
Además, la máxima instancia dejó sin efecto la aplicación del toque de queda impuesto, en días pasados por el Ejecutivo, sobre varios territorios, desde las 22:00 hasta las 05:00 (hora local).
Cabe destacar que la tentativa de un paro nacional indefinido, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) se mantiene, en medio de 13 días de protestas en diferentes localidades, marcadas por denuncias de represión y abuso del uso de la fuerza, un manifestante fallecido y más de un centenar de detenidos.
Pese a todo, Noboa afirmó su voluntad de continuar con su decisión, bajo el argumento de que el subsidio del diésel no ha beneficiado a los más pobres, sino al contrabando.
La Conaie también hizo hincapié en la defensa del derecho a la tierra y en rechazo a la minería y el extractivismo, además, exigió a Novoa el fortalecimiento de la salud y la educación pública y la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12%.
Recientemente, la Conaie condenó la violación de la garantía del ejercicio del derecho a la resistencia para y exigió la reparación para las víctimas de la represión ejercida por parte del Gobierno, especialmente, para la familia de Efraín Fuerez, el manifestante que perdió la vida a manos de los organismos de seguridad en una protesta.
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