Caracas, 29 Ago. AVN.- Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos (EEUU) ha dictaminado que la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales. La decisión, tomada por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Washington D.C., representa un revés significativo para la política comercial de la administración.
Con una votación de siete a cuatro, el tribunal confirmó un fallo previo de la Corte de Comercio Internacional. La sentencia establece que Trump invocó de manera incorrecta una ley de emergencia y se excedió en su autoridad al imponer los gravámenes. Esta resolución pone en tela de juicio la base legal de las medidas comerciales del presidente.
El tribunal fundamentó su decisión en que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que Trump utilizó para justificar los aranceles, no le otorga al presidente la facultad explícita de imponer tarifas o impuestos. Según la corte, la ley brinda al mandatario una autoridad considerable en respuesta a una emergencia nacional, pero esta no incluye la imposición de aranceles.
A pesar del fallo, los gravámenes comerciales permanecerán en vigor por el momento. El tribunal ha permitido que sigan vigentes al menos hasta el 14 de octubre, con el fin de darle a la administración Trump la oportunidad de presentar una apelación ante la Corte Suprema de EEUU, lo que prolonga la incertidumbre sobre el futuro de estas tarifas.
La decisión de la corte se centra en la legalidad de los aranceles "recíprocos" que Trump impuso como parte de su guerra comercial en abril pasado. También se abordó un conjunto de gravámenes separados que se aplicaron en febrero contra China, Canadá y México, lo que indica el amplio alcance de la sentencia y su potencial impacto en las relaciones comerciales internacionales.
Este fallo judicial marca un hito en la batalla legal contra las políticas económicas de Trump. La eventual respuesta de la administración y la decisión de la Corte Suprema serán cruciales para determinar si la autoridad presidencial en materia de comercio exterior puede ser limitada por el poder judicial.
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