Caracas, 30 Jul. AVN.- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner reclamó este jueves ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la causa Vialidad, por la que cumple cárcel domiciliaria, viola sus garantías fundamentales, objetando la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en su contra por irregularidades en la adjudicación de obra pública, reseña Sputnik.
Una solicitud presentada por su equipo de abogados ante la sede en Buenos Aires de ese organismo internacional solicita medidas cautelares para dejar sin efecto la inhabilitación perpetua y modificar las condiciones de su prisión domiciliaria, refiere el despacho de Prensa Latina.
Los abogados buscan que el organismo de la ONU analice si durante el trámite de la causa se incumplieron obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
La defensa denuncia también la violación del principio de presunción de inocencia, e incluso sostiene que “el actual Presidente de la Nación (Javier Milei) habría presentado públicamente la condena como una decisión impulsada por él”, lo cual evidencia persecución política.
Por otra parte, a través de una carta abierta publicada en sus redes sociales y en medios internacionales, la exmandataria expresa que durante el proceso judicial en su país se vulneraron las garantías del debido proceso protegidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Fernández de Kirchner calificó la sanción judicial como una forma de "proscripción" y acusó la existencia de una persecución política coordinada, así como de un "machismo estructural" en el Poder Judicial argentino.
En su misiva, la expresidenta afirma que ha dedicado su vida al servicio de Argentina. “Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario”.
Para que el procedimiento ante la ONU comience, se requiere un examen de admisibilidad para determinar si la demanda cumple los requisitos formales requeridos.
En caso de ser admitida, el Comité requerirá la postura formal del Estado argentino antes de emitir un dictamen sobre el fondo del asunto.
Aunque las decisiones de esta entidad no cuentan con la facultad ejecutiva de revocar fallos judiciales internos de forma directa, constituyen un pronunciamiento de alto peso político y diplomático. En este sentido, se busca usar como referencia el antecedente del caso Lula en el cual el Comité de Derechos Humanos concluyó que el proceso seguido contra el mandatario brasileño vulneró garantías del debido proceso.
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