Caracas, 04Oct. AVN.- Tras una gira de verificación por el Eje Cafetero, la Procuraduría General emitió una alerta este lunes al constatar que las ayudas económicas dispuestas para los damnificados del sismo del pasado 10 de agosto aún no han llegado a los hogares afectados en los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas.
De acuerdo a la información de Prensa Latina, el cierre anticipado del Registro Único de Damnificados (RUD), fijado el pasado 4 de septiembre, obligó a subir la información antes de concluir las evaluaciones técnicas necesarias. Esta situación dejó por fuera a numerosas familias afectadas, con especial impacto en zonas rurales dispersas y territorios étnicos.
Asimismo, las plataformas tecnológicas habilitadas presentaron limitaciones que impiden actualizar el estado real de las viviendas o incorporar los daños acumulados por las más de 1.300 réplicas registradas.
La Procuraduría también evidenció que la distribución de los auxilios económicos presenta desequilibrios entre los municipios y que los recursos asignados todavía no se han materializado para los hogares afectados. A estas dificultades se suman el déficit de ingenieros estructurales para adelantar las valoraciones técnicas y la escasez de maquinaria amarilla indispensable para las labores de demolición y remoción de escombros.
Ante este panorama, la entidad exhortó al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a implementar medidas urgentes para salvaguardar los derechos de la población. Entre las solicitudes principales destacan la reapertura de manera extraordinaria y condicionada del Registro Único de Damnificados y los procesos de evaluación de daños, así como permitir la actualización de la clasificación de las viviendas y el registro de afectaciones derivadas de las réplicas sísmicas. Adicionalmente, el ente de control exigió agilizar la entrega de los subsidios económicos, expedir un reglamento claro para su distribución, garantizar un enfoque diferencial étnico y coordinar la llegada de apoyo técnico en ingeniería y maquinaria pesada a los municipios.
El movimiento telúrico dejó un saldo de 778.285 personas damnificadas en el país. Del total de edificaciones impactadas, más de 104.000 presentan condiciones de no habitabilidad y unas 120.000 sufrieron daños parciales o averías.
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