Caracas, 20 Ene. AVN.- La Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos y el Club de Prisioneros palestinos informaron que la cifra actual de palestinos en centros penitenciarios israelíes asciende a más de 9.350 personas, de acuerdo a lo indicado por parte de Prensa Latina.
El reporte conjunto de estas organizaciones detalla que entre los detenidos se encuentran 53 mujeres y 350 menores de edad, quienes permanecen recluidos principalmente en las instalaciones de Meggido y Ofer.
De acuerdo con los datos presentados, 3.385 individuos están bajo el régimen de detención administrativa, una normativa que permite mantener a personas en prisión sin la presentación formal de cargos, pruebas o procesos judiciales por periodos prolongados.
Asimismo, el informe indica que 1.237 detenidos han sido clasificados bajo la categoría de combatientes ilegales, término empleado por las autoridades israelíes para los capturados en la Franja de Gaza.
Diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su rechazo a la detención administrativa, argumentando que la falta de juicios vulnera el debido proceso. En este contexto, la Oficina de Prensa de Prisioneros Palestinos publicó recientemente un documento basado en los testimonios de 12 personas liberadas tras el conflicto iniciado en 2023.
El informe describe un aumento en la aplicación de medidas de castigo dentro de los centros de reclusión.
Los testimonios recopilados señalan el uso de violencia física, el empleo de perros de vigilancia y la exposición de los internos a condiciones térmicas extremas, así como al vertido de agua caliente. El reporte también menciona la práctica del confinamiento en espacios reducidos, la obligación de permanecer de rodillas durante tiempos prolongados y la privación del sueño.
Las organizaciones denunciantes sostienen que estas acciones forman parte de una política aplicada en el sistema penitenciario desde el estallido de las hostilidades. Según el informe, se han registrado casos de negligencia médica deliberada y restricciones alimentarias severas.
El documento concluye que estas prácticas buscan ejercer presión psicológica y física sobre la población penal, clasificando los incidentes como violaciones a la integridad y dignidad de los detenidos.FIN/AVN/ GG/ RA/ RA/
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