Caracas, 01 May. AVN.- Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por las deportaciones ilegales de más de 250 hombres venezolanos y salvadoreños presuntamente involucrados con pandillas de Estados Unidos a El Salvador.
"En muchos casos la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos", dijeron los expertos.
Los expertos consideran que la naturaleza sumaria de las decisiones fue claramente inadecuada para determinar si las personas corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos en El Salvador.
“Las decisiones tampoco parecieron tener en cuenta los efectos en el derecho a la vida familiar y el interés superior de la niñez, así como los distintos efectos de las medidas de seguridad en los derechos de las mujeres” enfatizaron.
Asimismo, recordaron que deber internacional de non-refoulement prohíbe deportar a cualquier persona a un lugar en donde exista un riesgo sustancial de privación arbitraria de vida, tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En este contexto, los expertos expresaron su profunda preocupación por las cárceles de El Salvador, donde ha habido denuncias de muertes, torturas y malos tratos, violencia intracarcelaria y desapariciones forzadas.
"Hacemos un llamado al Gobierno de El Salvador para permitir el acceso inmediato y sin restricciones a los organismos de monitoreo independientes a las cárceles que albergan a los deportados", dijeron los expertos.
En cuanto a la negociación tanto de Estados Unidos como El Salvador a devolver a personas que según los tribunales estadounidenses, han sido deportadas ilegalmente.
"Hacemos un llamado a ambos gobiernos para que cooperen y faciliten el retorno a Estados Unidos a cualquier persona que haya sido deportada ilegalmente y desee regresar".
Los expertos han comunicado oficialmente sus preocupaciones a los gobiernos de los Estados Unidos y El Salvador con una lista no exhaustiva de más de 100 ciudadanos venezolanos afectados por estas deportaciones, de muchos de los cuales se desconoce su suerte y paradero.
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