Caracas, 07 Nov. AVN.- La Fiscalía General de la República de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña Palacios y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la colocación de fondos públicos y previsionales en la entidad Ueno Bank.
A través del Acta nº 7, con fecha del 7 de noviembre de 2026, la representación fiscal atribuyó a Peña la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Por su parte, Carvallo fue imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Según la hipótesis del Ministerio Público paraguayo, entre los años 2023 y 2026, la entidad financiera Ueno Bank recibió depósitos de organismos estatales que alcanzaron aproximadamente 3.608.550.782.201 guaraníes y 233.400.495 dólares al mes de septiembre de este año, al tiempo que ejecutó operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico.
La investigación señala que Peña habría intervenido en decisiones sobre fondos públicos mientras mantenía participación accionaria en Ueno Holding y sostenía reuniones con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS). En el caso de Carvallo, se examina su actuación en los procesos de supervisión del banco y una comunicación enviada al Senado el 7 de octubre de 2026 con presuntas diferencias respecto a los informes técnicos del BCP.
“La representación fiscal solicitó al juzgado penal de garantías la prisión preventiva de ambos imputados. Asimismo, requirió la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros”, precisó la Fiscalía sobre las medidas cautelares tramitadas.
El equipo de fiscales, integrado por Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vóster, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez, continuará con las diligencias para determinar la eventual afectación del patrimonio público e individualizar los bienes sujetos a embargo.
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