Caracas, 01 May. AVN.- El Ejecutivo Nacional, liderado por la presidencia encargada, oficializó el ajuste del ingreso mínimo integral, el cual asciende a 240 dólares, lo que representa un incremento de 50% respecto al monto previo de 160 dólares.
Esta medida, que entró en vigencia con carácter retroactivo al 30 de abril, establece por primera vez un piso obligatorio de cumplimiento tanto para el sector público como para el sector privado.
Impacto cuantitativo y sectores prioritarios
El ajuste implica un aumento absoluto de 80 dólares. Según el Ministro para el Proceso Social de Trabajo, Carlos Alexis Castillo, este incremento se ha estructurado de forma científica y responsable, fundamentado en un consenso con centrales sindicales y sectores productivos.
Entrevistado la noche de este jueves en Venezolana de Televisión, subrayó que el proceso será gradual al afirmar que todos los aumentos que se están dando se están dando con pasos firmes estudiados científicamente y acordados con todas las partes involucradas.
La implementación técnica de este ingreso se realizará mediante nuevas tablas de ingreso integral que sustituirán el antiguo esquema de escalafones en la administración pública. En esta fase inicial, la aplicación se concentrará en cinco sectores estratégicos que comprenden Salud, Educación, Educación superior, Cuerpos policiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Pensionados y contexto económico
Para los aproximadamente 6 millones de pensionados y jubilados en el país, el ingreso se ubicó en 70 dólares. Aunque el acumulado de incremento anual en 2026 alcanza el 26%, el Ejecutivo vincula la limitación de mayores ajustes a las más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que afectan al fisco nacional. Se detalló que las licencias recientemente otorgadas representan un 1% de alivio frente al total de sanciones impuestas.
Perspectiva de recuperación
Castillo aclaró que la recuperación del poder adquisitivo será paulatina debido a la coyuntura económica, descartando ajustes de un solo golpe. Asimismo, destacó que el Estado mantiene una política de subsidios en alimentación y servicios básicos para complementar el ingreso monetario de los trabajadores.
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