Caracas, 09 Jun. AVN.- En el marco de una investigación por presunto lavado de activos, la jueza a cargo del caso, Margarita Salcedo, dictaminó el día de ayer la prohibición de salida del país por 18 meses para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La resolución, que ha generado controversia, ha despertado cuestionamientos sobre posibles injerencias en el proceso judicial.
La audiencia en la que se dictaminó la medida fue adelantada por la Fiscalía, tras impedir que Kuczynski viajara a Estados Unidos, en medio de una alerta migratoria. La fiscalía sostiene que la detención se realizó según procedimientos legales, aunque hay cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
Desde Francia, el canciller Elmer Schialer descartó que el primer ministro, Eduardo Arana, tenga participación en la decisión judicial. Aseguró que no tiene información concreta sobre alguna intervención del gobierno, aunque resaltó la experiencia del ministro Arana en aspectos jurídicos y legales.
El abogado de Kuczynski, Julio Midolo, sostuvo que la llamada del primer ministro a la jueza fue ilegal, ya que solo un juez puede ordenar restricciones de viaje. Anunció además que evalúan acudir a instancias superiores para levantar la prohibición impuesta.
En el contexto político peruano, las tensiones entre el gobierno y la oposición se intensifican. La bancada fujimorista, liderada por Keiko Fujimori, fue clave en la oposición contra Kuczynski, quien en 2016 intentó llegar a un acuerdo con Fuerza Popular, pero fue víctima de acusaciones de corrupción, renunciando en 2018 tras un escándalo de grabaciones.
La situación refleja una profunda inestabilidad política en Perú, con cinco presidentes en los últimos años. La resolución judicial sigue generando debate sobre la independencia del Poder Judicial y la influencia del poder político en los procesos judiciales, en un escenario de tensión constante.
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