Ministerio Público establece cinco líneas de acción para garantizar acceso a la justicia y salvaguardar DDHH

Caracas, 01 Jul. AVN.- El Ministerio Público (MP), mantiene un despliegue total en el territorio nacional con el fin de garantizar el acceso a la justicia y salvaguardar los derechos humanos de la población, frente a la emergencia generada por los eventos sísmicos del 24 de junio, informó el fiscal general de la República, Larry Devoe, por Instagram.

“Hemos priorizado 5 líneas de acción clave para garantizar el acceso a la justicia y salvaguardar los derechos humanos de la población. Ratificamos nuestro compromiso de acompañamiento, protección y respuesta inmediata en todo el país”, indicó.

La primera de las cinco líneas se refiera al “Sistema de guardias para la respuesta frente a delitos”, donde los fiscales del MP están activos para atender y dar respuesta a los procesos penales iniciados por la presunta comisión de delitos en las regiones afectadas;

La segunda establece la “protección de niños, niñas y adolescentes”, donde los fiscales participan en los espacios articulados para la protección de este sector que resultaron afectados por la emergencia.

La tercera línea es “Aceleración de trámites legales y administrativos”, donde fiscales del MP y funcionarios forenses de la institución mantienen presencia en las morgues instaladas ante la contingencia nacional, en aras de contribuir con el proceso de gestión de personas fallecidas, en articulación con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf);  y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Ayuda humanitaria”, es la cuarta línea y contempla la activación de un punto de atención médica y social  en el sector El Playón del estado La Guaira, para todas las personas afectadas de la región; igualmente, se mantiene activo el centro de acopio en la Escuela de Fiscales del MP.

Finalmente, “Supervisión del respeto y garantía de los derechos humanos”, donde los fiscales y personal especializado del MP realiza visitas e inspecciones a centros asistenciales para constatar la adecuada atención médica; así como el despliegue en centros penitenciarios y demás establecimientos de reclusión y de detención, en aras de velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

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