Caracas, 16 Sep. AVN.- La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió este martes una severa advertencia contra la estrategia militar de Estados Unidos en el Caribe, tras la ejecución extrajudicial de 14 personas en dos ataques separados contra embarcaciones civiles.
Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos calificaron las acciones como violaciones graves al derecho internacional, al derecho del mar y a la Carta de las Naciones Unidas.
El pronunciamiento se produce luego de que el gobierno estadounidense confirmara la destrucción de un buque en aguas internacionales el pasado 2 de septiembre, en el que murieron 11 personas presuntamente vinculadas al grupo "Tren de Aragua", y de otro ataque el 15 de septiembre que dejó tres muertos.
Según el presidente de Estados Unidos, los operativos forman parte de una ofensiva contra organizaciones que su administración ha designado como “narcoterroristas”.
“El derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos narcotraficantes”, afirmaron los expertos Ben Saul, Morris Tidball-Binz y George Katrougalos. “Las actividades delictivas deben ser desmanteladas, investigadas y enjuiciadas de conformidad con el Estado de derecho, incluso mediante la cooperación internacional”.
Los especialistas recordaron que el uso de fuerza letal solo está permitido en defensa propia ante una amenaza inminente a la vida, y que los ataques no provocados contra embarcaciones civiles en alta mar constituyen una violación directa al derecho internacional del mar. “El enfoque debe ser policial, no militar”, subrayaron.
La administración estadounidense justificó los ataques como parte de una estrategia disuasiva, alegando que interceptar los buques habría sido posible, pero que destruirlos enviaba un mensaje más contundente. Sin embargo, los expertos de la ONU señalaron que no existe evidencia de que el "Tren de Aragua" estuviera cometiendo un ataque armado contra Estados Unidos que habilitara el uso de la fuerza en legítima defensa.
El contexto de los ataques se vincula a una orden clasificada firmada en agosto por el presidente estadounidense, que autoriza el uso de fuerza militar contra cárteles latinoamericanos designados como grupos terroristas. Entre ellos figuran organizaciones con presencia en México y Venezuela, incluyendo el supuesto "Cártel de los Soles", cuya designación como grupo terrorista fue anunciada el 25 de julio, junto con acusaciones directas contra el presidente venezolano.
Los expertos advirtieron que esta doctrina de “guerra contra el narcoterrorismo” representa una amenaza para la legalidad internacional, al permitir el uso unilateral de la fuerza en territorio extranjero sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni consentimiento del Estado afectado. “Estos ataques podrían constituir un uso ilegal de la fuerza y una violación de la soberanía de otros países”, afirmaron.
Además de exigir el cese inmediato de esta política, los expertos instaron a Estados Unidos a investigar de forma independiente a quienes ordenaron y ejecutaron los ataques, enjuiciar a los responsables sin importar su jerarquía, brindar reparación a las familias de las víctimas y garantizar que estos hechos no se repitan.
La Oficina del Alto Comisionado confirmó que los expertos han iniciado contacto con los gobiernos involucrados para abordar las implicaciones legales y humanitarias de estos hechos. Aunque actúan a título individual y no representan oficialmente a la ONU, sus pronunciamientos forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, mecanismo clave para la vigilancia internacional en materia de derechos fundamentales.
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