Caracas, 16 Mar. AVN.- Human Rights Watch (HRW) precisa que las autoridades salvadoreñas no han aclarado la base legal de la detención de un grupo de migrantes expulsados desde Estados Unidos. La organización advierte que estos ciudadanos terminaron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) sin que se informe su situación jurídica.
El observatorio de derechos humanos documentó casos de once salvadoreños deportados en 2025 que permanecen incomunicados con sus familiares y defensores legales. Aunque la administración de Donald Trump alega supuestas afiliaciones a pandillas, los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestran una baja incidencia de delitos violentos entre los retornados.
Las familias de cinco detenidos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de garantías en el territorio nacional. El Gobierno salvadoreño confirmó el paradero de algunos recluidos en la prisión de Santa Ana y el CECOT, pero mantuvo bajo reserva los cargos y el derecho a una defensa técnica.
Bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, se mantienen suspendidas garantías fundamentales como la presentación de detenidos ante un juez en un plazo de 72 horas. Esta situación genera una creciente preocupación internacional sobre el uso de la desaparición forzada y la falta de transparencia en los procesos judiciales contra los deportados.
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