Caracas, 04 May. AVN.- El Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966, se mantiene como el único instrumento jurídico vigente que obliga a Venezuela y Guyana a buscar una solución práctica y satisfactoria a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.
Su importancia fundamental radica en que representa el reconocimiento formal de la contención venezolana sobre la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899.
El origen del conflicto se remonta al arbitraje de finales del siglo XIX, un proceso que Venezuela considera viciado tras el hallazgo de pruebas documentales como el Memorándum de Severo Mallet-Prevost.
Según la historiografía oficial y jurídica del país, el fallo de 1899 fue resultado de una componenda política entre jueces británicos y el juez ruso Friedrich Martens, quienes habrían adjudicado el territorio sin fundamentos legales claros, basándose en intereses imperiales.
La relevancia jurídica del Acuerdo de Ginebra trasciende la simple negociación, ya que su firma implicó que el Reino Unido y la posterior Guyana independiente aceptaran la existencia de una disputa pendiente.
Esto invalidó la tesis de que el Laudo de 1899 era una sentencia firme e incuestionable. Asimismo, el tratado establece un marco de actuación que obliga a las partes a agotar los medios de solución pacífica previstos en la Carta de las Naciones Unidas, priorizando siempre una resolución que sea mutuamente aceptable y equitativa.
En la actualidad, mientras el caso se dirime ante la Corte Internacional de Justicia, la posición venezolana sostiene que este acuerdo de 1966 es la única vía legal para subsanar el fraude histórico del siglo XIX y alcanzar un arreglo justo para ambas naciones.
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