Caracas, 09 Sep. AVN.-La Asociación Americana de Juristas (AAJ), emitio un comunicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, en el que expresa su profunda preocupación por la presencia militar de Estados Unidos cerca del territorio venezolano.
A continuación, el texto del comunicado:
COMUNICADO
8 de septiembre de 2025
Al Sr. Volker Turk
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, Suiza.
De nuestra mayor consideración:
Las organizaciones, juristas y académicos abajo firmantes nos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda preocupación por una serie de acciones recientes que, so pretexto de la seguridad regional y la lucha antidrogas comprometen gravemente el Estado de Derecho a nivel internacional y tienen un impacto directo y perjudicial sobre los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
Nuestra intervención busca llamar la atención sobre la escalada de acciones unilaterales que lejos de ajustarse a un marco legal multilateral efectivo, erosionan los principios de soberanía no intervención y solución pacífica de controversias, pilares fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas
Observamos con alarma que bajo una narrativa de lucha antidrogas, se están desplegando instrumentos de coerción —como la presencia de buques de guerra, un submarino nuclear y miles de tropas en aguas del Caribe— que carecen de total justificación técnica para supuestas acciones policiales antinarcóticos contra un país de la región, la República Bolivariana de Venezuela, que según todos los informes técnicos de organismos internacionales competentes como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es prácticamente ajeno al narcotráfico y totalmente libre de producción y cultivo de sustancias ilícitas, mientras Estados Unidos resulta el país con mayor consumo de drogas del mundo y el que detenta el mayor flujo de divisas en su sistema financiero fruto de este negocio criminal. Este tipo de acciones, unidas a la lawfare, mediante la oferta de recompensas por jefes de Estado electos, la crueldad de la aplicación delictiva de medidas coercitivas unilaterales, que son verdaderas puniciones colectivas, como bien se ha documentado científicamente y por organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) socavan el Estado de Derecho y crean un entorno de impunidad, encubrimiento e inestabilidad.
El verdadero costo de esta tensión geopolítica no la pagan los gobiernos, sino los habitantes de la región, quienes ven cómo se restringe su derecho al desarrollo y se vulnera su derecho a vivir en paz, libre de amenazas y coerciones extremas y en su caso, se crean o agravan las emergencias humanitarias. La comunidad internacional debe centrarse en que los Estados cumplan escrupulosamente con el Derecho Internacional y el Derecho interno de los Estados, como único camino para proteger a la población, quienes en definitiva resultan ser los mayormente afectados.
Resulta imperioso destacar que estas políticas de confrontación intimidante, amenazas constantes y asfixia económica tienen, entre otras consecuencias directas y devastadoras: el incremento masivo de la migración y el desplazamiento de la población. Esto último, lejos de ser una elección, el éxodo representa una estrategia de supervivencia frente al colapso de los medios de vida, la hiperinflación inducida y la escasez de medicamentos y alimentos, agravadas por el bloqueo financiero. Este desplazamiento, no solo viola el derecho a no ser obligado a emigrar, vulnera también los derechos a la vida, la salud, la integridad familiar y a una existencia digna de millones de personas. En un mundo ya fracturado por la confrontación bélica y el predominio del más violento, convertir a seres humanos en peones de una estrategia geopolítica representa una grave claudicación ética y una violación flagrante del Derecho internacional, que obliga a los Estados a cooperar para garantizar la paz y el bienestar de los pueblos, no a profundizar su sufrimiento.
Al denunciar estas injerencias extremas, no podemos ni debemos omitir que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es indivisible y se aplica a todos por igual. Por ello, hacemos un llamado vehemente a que los organismos internacionales actúen firmemente para que cesen las acciones que amenazan en cualquier forma a la población venezolana. Así como rechazamos las medidas coercitivas y extorsivas que deben cesar inmediatamente, en el entendido de que no son plausibles; tampoco los actos de persecución, criminalización o violencia política, provengan de dónde provengan.
Estas acciones contravienen abiertamente principios esenciales consagrados en:
- La Carta de la ONU (artículos 2.1 y 2.4) que consagra la soberanía y prohíbe el uso de la fuerza.
- La Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales (Resolución A/RES/37/10 (1982): El arreglo de las controversias se deberá basar en la igualdad soberana de los Estados. Esto contrasta directamente con las medidas coercitivas unilaterales y el despliegue militar. Los Estados no recurrirán a la amenaza ni al uso de la fuerza y las controversias internacionales se resolverán sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y de conformidad con el principio de libre determinación de los pueblos.
- El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ONU) Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para que los derechos se hagan realidad, para garantizar su operatividad. También debe prevenir que terceros (como empresas o individuos, o factores externos) violen los derechos de otros; investigar eficazmente las violaciones cuando ocurran; sancionar a los responsables y proporcionar un recurso efectivo y una reparación a las víctimas
- La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158 de 1990. Los Estados tienen la obligación de proteger la dignidad y los derechos de todos los migrantes, garantizando que ninguna persona se vea obligada a abandonar su hogar como única estrategia de supervivencia.
- La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) que garantiza la inviolabilidad de los jefes de Estado.
- La Resolución 2625 (XXV) (Principios del Derecho Internacional) que prohíbe los actos coercitivos contra la independencia política de los Estados y el fomento de actividades destinadas a subvertir por la violencia el orden interno de otro Estado.
- El Tratado para la Prohibición de las Armas Ncleares en la América Latina y el Caribe (Tlatelolco 1967). Si bien EEUU no es parte de este tratado, sin embargo, ratificó el Protocolo Adicional II del Tratado. Lo firmó el 26 de mayo de 1977, lo ratificó el 23 de noviembre de 1981 y debe respetar que dicha región esté libre de estas armas y no puede usarlas contra los países miembros del Tratado.
Recordemos asimismo que tal como ha sido declarado por la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014, Latinoamérica y el Caribe es una Zona de Paz, y por ello, repudiamos estas acciones belicistas que amenazan la vida de sus pueblos.
Por todo lo expuesto, le solicitamos encarecidamente que en el ejercicio de sus elevadas atribuciones:
1. Reafirme de manera urgente la primacía del Estado de Derecho Internacional, el Derecho de los Derechos Humanos, el Derecho constitucional e interno de los Estados, a favor de los ciudadanos, y el principio de respeto soberano, (de) libre determinación y (de) no intervención en los asuntos internos de los Estados.
2. Llame al cese de las amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos y a privilegiar la diplomacia el diálogo multilateral y los mecanismos de cooperación, basados en evidencias, alejándose de acciones unilaterales que generen tensión y sufrimiento humano.
3. Exhorte al cese inmediato de cualquier acción unilateral que al margen del marco legal multilateral, agrave cualquier tensión y vulnere los derechos fundamentales de los pueblos de América Latina y el Caribe.
Agradecemos su atención a este asunto de urgencia y confiamos en que su intervención contribuirá a encauzar esta situación por la vía del derecho y la protección efectiva de los derechos humanos.
Atentamente,
Organizaciones
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Asociación Argentina de Juristas (AAJ)
Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD)
FIN/AVN/ IG/ MC/ MC/
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