Maturín, 06 Oct. AVN.- Con el objetivo de realizar una revisión profunda del sistema de justicia y crear un nuevo modelo estructural, este martes 6 de octubre, arribó al estado Monagas una comisión de alto nivel para llevar a cabo el proceso de "La Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal".
El gobernador Ernesto Luna recibió a la delegación, conformada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; el fiscal general de la república, Larry Daniel Devoe Márquez, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Marisela Castro Gilly; el ministro del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, Julio Zerpa; el defensor público general, Daniel Ramírez y demás magistrados.
Esta comisión, recibió el 1 de junio de 2026, orientaciones por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de realizar este debate abierto en todo el territorio nacional, siendo Monagas el estado número 16 en el que ejecutan esta jornada, bajo la premisa de avanzar hacia un verdadero Estado social de derecho y de justicia.
Por su parte el fiscal general, manifestó que esta iniciativa participativa se encuentra encausada en el articulo 26 de la Constitución, que refiere que el Estado, garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita.
Para ello, revisarán de manera profunda el Sistema Penal junto la pueblo, recibiendo propuestas que garanticen la construcción de un diagnóstico compartido de esta estructura, marcando una hoja de ruta para construir uno nuevo diseño que corresponda a administrar justicia en los procesos penales de las partes involucradas.
"Nos planteamos reducir el retardo procesal respetando los derechos de las víctimas y/o citados, el descongestionamiento de los centros penitenciarios, reducción de pena ajustado a la transparencia del proceso judicial y una rápida, justa, respetuosa y eficiente atención", acotó.
Así también la presidenta del TSJ, resaltó que mediante este despliegue harán las correcciones a que haya lugar, entendiéndose, dijo Rodríguez, que Venezuela cuenta con uno de los mejores ordenamiento jurídico del mundo.
"Esta consulta no es de un todo de los especialistas, esta consulta es del pueblo venezolano", apuntó.
Entre tanto el defensor público general, aseveró que se trata de administrar una justicia más humanizada que vaya más allá de un código penal y que evite el retraso procesal.
"Detrás de cada expediente hay una familia, una víctima, un acusado al que respetarle la presunción de inocencia, es por ello que la consulta debe ir más allá de un plan cayapa, citaciones de los tribunales, presentación de pruebas, reincersión a la sociedad o factores que impidan celebrar un juicio oral y público", dijo Ramírez.
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