Caracas, 02 Jul. AVN.- El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses mantiene un protocolo obligatorio de ocho pasos para la entrega de cadáveres en las morgues del país, un procedimiento que combina criterios técnicos, legales y administrativos para garantizar la cadena de custodia y la correcta identificación de las víctimas.
Este proceso, coordinado con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se aplica en todo el territorio nacional y ajusta sus tiempos según si el fallecimiento ocurrió por causas naturales o está vinculado a una investigación penal.
El protocolo inicia con el ingreso del cadáver, momento en el que el cuerpo es recibido y registrado formalmente en la morgue tras su traslado. Este registro constituye el punto de partida de la trazabilidad forense. El segundo paso es el reconocimiento del cuerpo, realizado por familiares directos o personas autorizadas, quienes deben confirmar la identidad mediante observación visual o con apoyo de elementos técnicos disponibles.
El tercer paso consiste en la verificación de identidad. Las autoridades cotejan los datos filiatorios y documentos asociados para corroborar oficialmente la identidad de la persona fallecida, evitando errores en la entrega. Luego se ejecutan las diligencias forenses. Los peritos y médicos legistas practican las experticias y autopsias de ley, necesarias para determinar causas de muerte y cumplir con los requisitos judiciales cuando corresponda.
Una vez culminadas las evaluaciones técnicas preliminares, el Cicpc emite la orden de entrega, documento que autoriza formalmente la liberación del cuerpo. El personal del Senamecf procede entonces con la revisión de documentos exigidos al solicitante, entre ellos la cédula original y copia de ambos ciudadanos involucrados en el trámite, además de la certificación legal de defunción o enterramiento.
El séptimo paso es la firma del acta. El representante legal o familiar directo firma el documento que deja constancia del cierre del procedimiento y de la entrega oficial del cuerpo. Finalmente, se autoriza el retiro del cadáver. Este proceso suele requerir la intervención de una empresa funeraria identificada, encargada del traslado y de las gestiones posteriores.
El Senamecf recuerda que este protocolo busca evitar irregularidades, garantizar la transparencia del proceso y proteger los derechos de los familiares, especialmente en contextos de emergencia o alta demanda forense.
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