Caracas, 23 Abr. AVN.- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un nota diplomática en respuesta a otra emitida el 22 de abril por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en la que propone un canje ilegal de los 252 ciudadanos venezolanos secuestrados, por la liberación "de un número equivalente (252) de personas actualmente privadas de libertad por razones políticas en territorio venezolano".
En el documento, Caracas responsabiliza al Estado de El Salvador por la integridad física y psicológica de los venezolanos ilegalmente retenidos, exigiendo su liberación inmediata e incondicional y recalca que la misiva "constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos".
Denuncia Venezuela que los ciudadanos fueron privados de libertad sin juicio previo, recluidos en condiciones degradantes y sometidos a trato inhumano, en clara vulneración de principios fundamentales del derecho internacional.
Asimismo, se señala la criminalización colectiva y xenofobia hacia los detenidos, la negación del derecho a la defensa, el secuestro y traslado forzoso, y la propuesta de un canje ilegal que contradice principios de justicia y dignidad humana.
Señala que el gobierno de El Salvador busca "condicionar la liberación de personas inocentes a un "intercambio" por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético".
En la nota diplomática precisa claramente que "ninguno de los detenidos a los que hace mención posee la ciudadanía salvadoreña, siendo la mayoría de estos ciudadanos venezolanos. Este planteamiento constituye una aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales ni multilaterales, que vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y dignidad humana".
Venezuela también denunció que las detenciones están relacionadas con la deportación arbitraria ejecutada por autoridades estadounidenses, trasladando a los ciudadanos venezolanos a territorio salvadoreño sin fundamentos jurídicos.
El Gobierno venezolano exige información inmediata y veraz sobre el estatus legal de los detenidos, garantizando su derecho a la comunicación, defensa y el acceso a la justicia.
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