Caracas, 21 Jun. AVN.- El Gobierno de Venezuela denunció el endurecimiento de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump, incluyendo acciones que atentan directamente contra los migrantes venezolanos, según declaraciones ofrecidas a la agencia Sputnik por el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo Bollé, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).
El funcionario indicó que Trump ha emitido cerca del 80% de las 1.039 sanciones contra Venezuela, superando a sus predecesores Barack Obama y Joe Biden. “Este año arreció esas medidas, eliminando licencias otorgadas por la administración anterior a empresas que operaban en el sector petrolero venezolano”, precisó Castillo.
Más allá del aspecto económico, el funcionario alertó que ahora se están ejecutando acciones dirigidas contra los migrantes venezolanos. Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la detención y deportación de cientos de venezolanos bajo acusaciones infundadas.
“El ataque no es solo a la economía, sino también al gentilicio venezolano. Nos han declarado enemigos. A nuestros ciudadanos los detienen en la calle, los encarcelan, les violan sus derechos y los trasladan a cárceles de máxima seguridad en El Salvador sin derecho a defensa”, expresó Castillo.
El Gobierno de Venezuela calificó esta acción como un “secuestro”, pues asegura que los más de 250 deportados no tienen vínculos con bandas criminales como el Tren de Aragua. “Se trata de migrantes venezolanos comunes, víctimas de una narrativa política que busca criminalizarlos”, sostuvo.
Asimismo, el viceministro destacó que, el pasado 19 de mayo, la Corte Suprema de EEUU aprobó la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 venezolanos, dejándolos vulnerables ante posibles deportaciones. El TPS garantizaba residencia temporal y acceso a permisos de trabajo.
Por su parte, el defensor del pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, declaró a Sputnik que Caracas solicitará una respuesta oficial a la alta comisionada de los Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, para que se pronuncie sobre la situación de los venezolanos deportados sin garantías judiciales.
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