Caracas, 20 Mar. AVN.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó 12 artículos del Proyecto de Ley Orgánica de Minas en segunda discusión, mientras que el análisis del resto del articulado fue diferido, durante la sesión ordinaria de este jueves.
La decisión de diferir el debate fue solicitada por el diputado Orlando Camacho, quien planteó la necesidad de incorporar más aportes y opiniones para fortalecer el contenido, de acuerdo con la AN.
Entre los aprobados destaca el artículo 1, que establece el propósito de la ley, enfocado en regular la actividad minera y la administración de los recursos minerales en todo el territorio nacional; y el artículo 2, que define su alcance para personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, precisando que los minerales no metálicos quedan bajo competencia exclusiva de los estados.
Además, en el artículo 3, se reafirma que la propiedad de los yacimientos corresponde únicamente a la República Bolivariana de Venezuela, considerándolos bienes públicos intransferibles y sin prescripción mientras que el artículo 4 asigna al Ejecutivo nacional la rectoría en la gestión de los recursos minerales a través del ministerio competente en la materia.
Asimismo, en el artículo 5, se identifican los actores autorizados para desarrollar actividades, incluyendo empresas estatales, mixtas con mayoría pública, privadas autorizadas, brigadas artesanales y personas individuales.
El 6 también establece que la explotación debe realizarse bajo criterios científicos, sostenibles y orientados a generar beneficios económicos sin afectar el ambiente; el 7 indica que la concesión de títulos no garantiza la existencia efectiva de recursos en los yacimientos, dejando claro que el Estado no asumirá responsabilidad en ese sentido; y el artículo 8 incorpora definiciones técnicas relacionadas con la actividad minera.
Por otra parte, los artículos 9, 10 y 11 regulan los mecanismos de resolución de conflictos y la estructura administrativa, otorgando al ministerio la potestad de diseñar políticas, promover inversiones y administrar concesiones en nombre del Estado.
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