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sábado, noviembre 2, 2024

Asamblea Nacional sanciona reforma a Ley Orgánica del Poder Popular

Este martes la Asamblea Nacional (AN) sancionó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Popular.

La discusión se reanudó luego que fuera diferido el segundo debate el pasado 23 de abril, de acuerdo con lo informado por la Secretaría del Parlamento Nacional.

Entre los cambios, destacan que el pueblo asume la defensa integral de la nación y su soberanía en lo económico, político, social, geográfico, ambiental, militar, cultural y otros ámbitos.

Además, el Sistema de Agregación Comunal deberá participar bajo el principio corresponsabilidad en los lineamientos operacionales y tácticos para la seguridad y defensa de la nación.

Asimismo, establece que los órganos y entes del Poder públicos promoverán, apoyarán y acompañarán las iniciativas populares para la constitución, desarrollo y consolidación de las diversas formas organizativas y de autogobierno del pueblo, y guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar obedeciendo en relación con los mandatos de los ciudadanos y de las organizaciones de base.

Por otra parte, que los servidores públicos en sus relaciones con las instancias del poder popular darán preeminencia en su atención e informarán sobre los asuntos bajo su competencia, debiendo incorporarlas en el diseño, construcción ejecución y desarrollo de las políticas.

Otra de las novedades es que, el Poder Ejecutivo Nacional conforme a las iniciativas de desarrollo y consolidación originadas desde el poder popular, deberá planificar y abrir un proceso anual de consulta con las instancias del pueblo en el territorio.

En ese orden, deberá coordinar acciones conjuntas con las organizaciones sociales, los consejos comunales, las comunas y los sistemas de agregación y otros que surjan entre ellas, para mantener la coherencia con las estrategias y políticas de carácter nacional, regional, local, comunal y comunitaria.

Entre otras cosas, la reforma incorpora que los órganos y entes del poder público en sus diferentes niveles políticos y territoriales adopten medidas para que las organizaciones socioproductivas de propiedad social comunal gocen de prioridad y preferencia en los procesos de contrataciones públicas para la adquisición de bienes, prestaciones de servicios y ejecución de obras.

Otro punto importante es que el poder popular propondrá y participará sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, planes de inversión y la ejecución, evaluación y control de las obras, programas sociales y servicios públicos.

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