Caracas, 25 Mar. AVN.- El 21 de marzo se cumplieron dos meses desde la primera moción de condena contra la injerencia de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela y el Caribe, una declaración institucional promovida por grupos municipales de España.
De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores venezolano, los primeros municipios en aprobar esta condena oficial fueron Sabadell y Manresa. Posteriormente, fue adoptada por otras localidades, entre ellas: Vilafranca del Penedès, Torelló, Mollet del Vallès, Blanes, Vilassar de Dalt, Tàrrega, Cardedeu y Cerdanyola del Vallès, hasta alcanzar un total de diez cabildos.
El Consulado General de Venezuela en Barcelona valoró este respaldo de los organismos gubernamentales españoles y destacó la importancia de estas manifestaciones de solidaridad y posicionamiento político.
La moción aprobada por los ayuntamientos denuncia la política sistemática de agresión de Washington hacia Venezuela, con bloqueos económicos, operaciones de desestabilización política, campañas de guerra híbrida y acciones militares.
Las municipalidades españolas especificaron su condena por el ataque del pasado 3 de enero en varias localidades venezolanas, que dejó más de un centenar de personas fallecidas y el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama y diputada de la República, Cilia Flores, para quienes exigen su “liberación inmediata”.
La declaración señaló la campaña de desinformación que EEUU utilizó como justificación para estas agresiones, cuyo objetivo, aseguraron, es controlar los vastos recursos naturales de Venezuela que “pertenecen única y exclusivamente a su pueblo”.
Para los firmantes, todos estos hechos constituyen “una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, un acto de injerencia militar y un golpe de Estado de facto contra un Estado soberano”.
Los grupos municipales también advirtieron que el quebrantamiento del derecho internacional abre la puerta a un mundo más inseguro, militarizado y profundamente injusto, por lo que confían en que los países europeos asuman un papel activo y autónomo en la defensa del derecho internacional, la paz y el multilateralismo, mediante la mediación, el diálogo y la observación internacional.
Finalmente, reivindicaron la función de los ayuntamientos como instituciones democráticas de proximidad y como altavoces de la voluntad popular, que no pueden mirar hacia otro lado ante crímenes y vulneraciones flagrantes del derecho internacional.
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