El gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia, Hollman Morris, confirmó este sábado que uno de los pescadores fallecidos en el bombardeo de una lancha en el mar Caribe era colombiano. Se trata de Alejandro Carranza, de 40 años, oriundo del litoral de La Guajira, quien habría sido víctima de una operación militar ordenada por Estados Unidos el pasado 16 de septiembre.
La embarcación, según imágenes obtenidas por RTVC Noticias, presentaba signos de estar a la deriva: uno de sus motores estaba levantado y el otro sumergido, lo que indicaría fallas mecánicas y ausencia de capacidad de maniobra. “Él estaba ahí revisando los motores varados y los bombardearon de esa manera. Es injusto”, declaró Audenis Manjarrés, familiar del fallecido, quien también relató que Carranza se despidió de su familia a las 5:00 a.m. del domingo, como parte de su rutina de pesca artesanal.
La versión oficial del gobierno estadounidense había presentado el ataque como parte de una ofensiva contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, la investigación de RTVC contradice esa narrativa, al señalar que la lancha era de bandera colombiana, dedicada a la pesca artesanal, y que no había salido de aguas nacionales al momento del bombardeo.
Este hecho plantea serias implicaciones diplomáticas, ya que de confirmarse que el ataque ocurrió en territorio marítimo colombiano, se trataría de una violación directa a la soberanía nacional.
El presidente Gustavo Petro instó a las familias de pescadores desaparecidos a presentar denuncias formales y exigió explicaciones al gobierno de Estados Unidos sobre el alcance de sus operaciones militares en el Caribe.
En comunidades costeras de La Guajira y el Magdalena, el miedo se ha instalado entre los pescadores, quienes afirman que sus faenas se han convertido en actos de riesgo. La falta de información oficial y la incertidumbre sobre el paradero de otras embarcaciones han generado alarma entre los habitantes del litoral.
El caso de Alejandro Carranza se suma a una creciente preocupación por el uso de fuerza letal en operaciones antidrogas que afectan a civiles. En Washington, sectores de la oposición han comenzado a cuestionar la legalidad y arbitrariedad de las acciones ordenadas por la Casa Blanca. Según fuentes cercanas al Pentágono, el jefe de operaciones del Comando Sur habría renunciado esta semana por desacuerdos internos sobre el manejo de estas misiones.
La tragedia de Carranza se convierte en símbolo de una denuncia que trasciende fronteras: la exigencia de justicia, respeto al derecho internacional y protección de la vida en el mar colombiano.
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